Colectivos se movilizaron en Lima este jueves para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas, en el marco de las protestas que dejaron al menos 42 muertos en poco más de un mes, con focos importantes en zonas andinas como Cusco, meca del turismo cuyo aeropuerto cerró por seguridad.
Bajo la consigna «Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista», miles de manifestantes marcharon pacíficamente por el centro histórico de Lima convocada por un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda.
«Estamos marchando por los asesinatos, por la masacre en (la región de) Puno de nuestros hermanos campesinos. Pedimos la renuncia de Dina Boluarte porque es un gobierno usurpador», dijo a la AFP Rosario Abanto, de 59 años.
Las protestas ingresaron así a su segunda semana tras una tregua por fin de año, promovidas por sectores radicales y gremios campesinos en las zonas andinas reclamando justicia con los deudos y sanción a los responsables del uso desproporcionado de la fuerza.
El jueves Perú amaneció con bloqueos en 10 de las 25 regiones del país, afectando a Tacna, en la frontera con Chile; Puno, Cusco, Arequipa y Madre de Dios, entre otras, detalló la Superintendencia de Transporte Terrestre.
Mientras que en la región Puno, epicentro del movimiento, comenzaron los entierros de los 17 fallecidos tras choques el lunes con las fuerzas del orden en la ciudad altiplánica de Juliaca.
«Lo recuerdo a mí tío como una persona muy alegre. Es una lástima como lo hemos perdido. No ha muerto por una muerte natural, tampoco por una enfermedad, a él lo mataron!», dijo a la AFP Sonia Quispe, sosteniendo un retrato de Marco Quispe, de 55 años, a quien sepultaron en el cementerio La Capilla de la ciudad.
El dolor se prolongó en Juliaca por una nueva muerte: un joven de 16 años hospitalizado desde el lunes por herida de bala. Su deceso elevó a 19 los fallecidos en las protestas en esa ciudad.
Bajo ese contexto el ministro de Trabajo, Eduardo García, renunció y pidió adelantar las elecciones para este año en lugar de 2024.
Además de la renuncia de Boluarte y anticipar los comicios, las protestas exigen el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, que establece la economía de mercado como eje del desarrollo socioeconómico.
- «Asonada contra Lima»
La movilizaciónen la capital es parte de una «asonada que quieren hacer contra Lima en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14», había dicho el lunes el jefe de gabinete, Alberto Otárola.
Según el alto funcionario, las protestas «se están financiando con dinero oscuro del narcotráfico», proveniente supuestamente de los valles cocaleros andinos.
Otárola, que obtuvo el martes un voto de confianza para su investidura en el Congreso dominado por la derecha, graficó entonces una virtual situación de guerra señalando que las fuerzas del orden defenderán Lima.
El funcionario responsabiliza al detenido expresidente Pedro Castillo de ser «quien azuza a la gente y coordina estas movilizaciones para buscar impunidad».
El izquierdista Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
- Cusco, turismo y protestas –
En Cusco, una de las mecas del turismo mundial por la ciudadela inca Machu Picchu, el hotel Marriot fue atacado a pedradas por vándalos durante una marcha por las calles de esa ciudad la noche del miércoles, con manifestantes enardecidos tras la muerte de un dirigente campesino durante un enfrentamiento con la policía.
La Defensoría del Pueblo reportó más de 50 heridos, entre ellos 19 agentes del orden.
El gobierno cerró este jueves temporalmente el aeropuerto internacional de Cusco ante el alto riesgo de que sea tomado por la fuerza pese a estar resguardado por un contingente policial y militar.
El servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu se suspendió hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de sus pasajeros y trabajadores por las protestas, informó en un comunicado la compañía operadora.
Las violentas protestas iniciadas hace un mes dejan hasta el momento 42 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la institución.
El saldo trágico provocó un llamado de Estados Unidos a la «moderación» a todas las partes, mientras una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Perú evaluando la crisis.
Naciones Unidas instó al gobierno a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza contra las protestas, y pidió a las diversas organizaciones detrás de las protestas, «abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada».
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