Un juez federal de Miami fijó una millonaria indemnización para un venezolano exiliado en EEUU que demandó al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, otros miembros del poder civil y militares de alto rango de ese país, así como a las FARC y el Cartel de los Soles, por secuestro y torturas.
El juez Federico A. Moreno determinó que el abogado Carlos Marrón, que estuvo detenido 878 días y alega haber sido torturado durante su cautiverio en Venezuela, su esposa y sus dos hijos menores deben ser compensados con 153 millones de dólares.
Su calvario provocó una dura reprimenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que determinó que había sido detenido arbitrariamente por presuntamente operar un sitio web que publicaba el tipo de cambio del mercado negro entre el bolívar venezolano y el dólar estadounidense, algo que el gobierno venezolano considera un delito.
Para cumplir con el fallo el tribunal puede embargar bienes de los demandados, que fueron condenados en desacato ante su falta de respuesta a los requerimientos judiciales, según los documentos judiciales del caso a los que tuvo acceso EFE.
Además de Maduro, las FARC, el Cartel de los Soles, son objeto de la demanda Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Maikel José Moreno Pérez, jefe del Tribunal Supremo; Néstor Luis Reverol, ministro de Energía Eléctrica y antes de Interior; Tarek William Saab, fiscal general, y Tareck El Aissami, ministro del Petróleo.
La demanda fue presentada en 2022 por Marrón también en nombre de su esposa y sus dos hijos menores de edad bajo la Ley Anti-Terrorismo de Estados Unidos.
Las compensaciones previstas por esa ley se triplican en este caso por existir una ley similar en Florida, con otras cantidades de indemnización.
A la esposa de Marrón se le asignan 45 millones de dólares y a cada uno de los dos hijos del matrimonio 15 millones para compensar los padecimientos que sufrieron por el encarcelamiento del cabeza de familia.
Al demandante se le asignan 78 millones de dólares, según aparece en el fallo.
“Los acusados intercambian drogas por efectivo. El efectivo permite que los acusados se mantengan en el poder en Venezuela. Los acusados aprovechan ese poder para secuestrar y torturar a disidentes” como Marrón, escribió Moreno en un fallo de 13 páginas que beneficia a Marrón y su familia.
Marrón, que se había exiliado en EEUU, decidió regresar en 2018 a Venezuela al saber que su padre había sido detenido y cayó preso bajo acusaciones de pretender socavar el orden económico del país con una página web sobre información acerca del mercado de divisas en Venezuela.
Fue una trampa elaborada para castigar a Marrón por un dominio web, dolarpro.com, que había comprado años antes como un posible negocio, pero que dice que nunca desarrolló. Bajo la dirección de un amigo, comenzó a publicar noticias e información sobre el tipo de cambio en el mercado negro del país, que variaba mucho de las cifras oficiales.
El fiscal general Saab comparó las acciones de Marrón con un “asesinato en masa”. Un decreto presidencial de 2010 ilegalizó la publicación de cualquier tipo de cambio salvo el oficial, y las autoridades con frecuencia acusan a “especuladores” de propagar información falsa, de avivar la inflación y de alimentar un colapso del bolívar, considerándolos actos de sabotaje económico contra Maduro.
Sin embargo, los críticos señalan que la gran disparidad entre los dos tipos de cambio es un medio para el soborno por parte de miembros del gobierno.
El caso de Marrón fue mencionado en reportes de organismos internacionales sobre violaciones de derechos humanos.
Marrón invocó la ley que permite a ciudadanos estadounidenses víctimas de organizaciones terroristas fuera del país demandarlas en tribunales estadounidenses.
El venezolano alegó que el régimen de Maduro y los militares que dirigen presuntamente el Cartel de los Soles tienen relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que son consideradas terroristas en EEUU.
No es la primera vez que miembros del poder en Venezuela son condenados bajo esa ley anti-terrorista de EEUU.
La familia del concejal opositor venezolano Fernando Albán, que murió en 2018 estando preso en Caracas (Venezuela), demandó en Miami al dictador venezolano, Nicolás Maduro, otras autoridades de Venezuela y a la guerrilla colombiana de las FARC por “daños y perjuicios”.
Un tribunal los condenó en 2022 a pagar 73 millones de dólares a los Albán.
Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018 a su regreso al país desde Estados Unidos bajo la acusación de estar implicado en el atentado con drones durante un desfile militar en el que participaba Maduro el 4 de agosto de 2018.
Murió tres días después de ingresar en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas debido a un suicidio según la versión oficial, que fue ampliamente rechazada.
Con información de EFE y AP
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