La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México anunció este martes una investigación de oficio por el presunto asesinato de cinco jóvenes a manos del Ejército en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo el pasado domingo.
«La CNDH inició queja (investigación) de oficio por los acontecimientos ocurridos el pasado domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde, presuntamente, elementos (agentes) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habrían accionado sus armas de fuego en contra de una camioneta en la que viajaban seis jóvenes, cinco de los cuales fallecieron y uno más resultó herido», expuso el organismo en un comunicado.
La CNDH, organismo autónomo del Estado mexicano, añadió que, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales, desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos comenzó a recabar la información necesaria para investigar el caso.
«Ya ha entrado en comunicación con la autoridad señalada por las presuntas violaciones a derechos humanos y se ha puesto en contacto con familiares de las víctimas para brindarles el acompañamiento necesario y la asesoría jurídica que requieran», agregó el comunicado.
El pasado lunes, diversas organizaciones civiles condenaron los hechos y acusaron al Ejército mexicano de matar a los cinco jóvenes cuando regresaban a su casa en una camioneta después de salir de una discoteca.
De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los fallecidos son Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo y Gustavo Ángel Suárez Castillo, quien tendría ciudadanía estadounidense.
No obstante, el consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza no se ha pronunciado al respecto.
Según el Comité, se identificaron a 12 unidades del Ejército en el lugar de los hechos, donde se congregaron ciudadanos inconformes con las acciones de las Fuerzas Armadas.
«Al menos tres militares accionaron sus armas, fúsil y pistola, para dispersar a los manifestantes, poniendo en riesgo la vida de todos nosotros, periodistas, vecinos e incluso de niños», relató Raymundo Ramos Vázquez, presidente de la asociación, en un comunicado.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la organización Fundar y Human Rights Watch (HRW) demandaron que el Gobierno y la Fiscalía General de la República (FGR) abran una investigación.
La presunta matanza ocurre en medio de las crecientes políticas de militarización del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha asignado a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública.
Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos también han denunciado el silencio de las instituciones estatales y federales. De momento, ningún miembro del Gobierno de López Obrador se ha pronunciado al respecto.
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