El régimen de Nicolás Maduro destituyó y detuvo a Joselit Ramírez Camacho, ficha del ministro Tareck El Aissami, que se desempeñaba como jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
La información fue revelada por el periodista del diario chavista Últimas Noticias, Eligio Rojas, quien publicó una imagen de la Gaceta Oficial N° 6.739 en la que se decreta la reestructuración de la Sunacrip por un periodo de seis meses, proceso que estará a cargo de una junta presidida por Anabel Pereira Fernández.
De acuerdo a Rojas, Joselit Ramírez Camacho fue capturado la noche del viernes por la Policía Nacional Anticorrupción. Sin embargo, ningún organismo oficial ha confirmado esta detención.
Versiones extraoficiales indican que la detención formaría parte de una guerra interna en el chavismo, entre los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez contra El Aissami.
Acusación en EE.UU.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Tareck El Aissami, a Joselit Ramírez Camacho y al empresario Samark López Bello por una serie de delitos relacionados con la evasión de sanciones impuestas por la OFAC contra el régimen de Maduro.
La acusación formal alegó que desde febrero de 2017 hasta marzo de 2019, El Aissami y Ramírez Camacho trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en Estados Unidos para brindar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro de 2018.
El Aissami y Ramírez Camacho fueron acusados por conspiración para entorpecer las funciones gubernamentales lícitas de la OFAC, lo que conlleva una pena máxima de 5 años de prisión;conspiración para violar la Ley Kingpin, que conlleva un máximo de 30 años de prisión; violaciones sustantivas de la Ley Kingpin, cada una de las cuales conlleva un máximo de 30 años de prisión; concierto para violar IEEPA, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión; y conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva un máximo de 20 años de prisión.
Cacería de brujas
El régimen de Maduro ha desatado una “cacería de brujas” interna en contra de jueces y alcaldes chavistas, que han caído en desgracia después de haber desempeñado roles clave en la maquinaria represiva que se impuso en Venezuela en los últimos años.
La Policía Nacional Anticorrupción solicitó el viernes al Ministerio Público (MP) procesar judicialmente a un número indeterminado de ciudadanos que “ejercían funciones” en el poder público y que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
En un comunicado el cuerpo policial explicó que el procedimiento es “resultado de una investigación profunda, realizada por meses, que apunta a ciudadanos que ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país” que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
Sin embargo, el escrito hecho público por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, no detalló quiénes son estos funcionarios ni individualizó los delitos por los que se le acusa a cada uno.
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