Las autoridades mexicanas anunciaron el jueves que dictaron seis órdenes de arresto —cinco de ellas ejecutadas hasta la tarde— por el incendio que cobró 39 vidas en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez el pasado lunes en la noche.
Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de México, precisó en rueda de prensa que la órdenes de aprehensión fueron dictadas contra “dos funcionarios gubernamentales, dos guardias de seguridad privada y la persona (migrante) que inicio el incendio”.
“Esas personas ya están en manos de la justicia”, dijo Herrerías.
Por su parte, la secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez, informó que “se inició el proceso para revocarle el permiso a la compañía Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A de C.V [que administraba el centro de detención] e imponerle una multa económica” y que “a partir de mañana [viernes] elementos del Gobierno asumirán el control de la estación migratoria de Ciudad Juárez”.
Las declaraciones llegan luego de que emergiera esta semana un video de casi 40 segundos donde uniformados de la empresa privada a cargo de la seguridad de los migrantes en ese centro de detención parecen no ayudarlos a salir de sus celdas mientras el fuego se extiende por la instalación.
La empresa privada había sido contratada por el Instituto Nacional de Migración (INM) para custodiar sus centros de detención en varios estados. Las autoridades identificaron a David Vicente Salazar Gasca como socio principal y representante legal y a George Mcphail como accionista. Las oficinas de la empresa están localizadas en la colonia Hipódromo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.
“Ya se tienen identificados los socios, representantes y apoderados de esta compañía. De la revisión del expediente, se derivó una primera irregularidad: la empresa tenía registrado a solo cuatro elementos de seguridad [cuando se había comprometido a aportar 503 en 23 estados] y no contaba con los permisos para el porte de armas”.
La fiscal dijo que durante el jueves se llevará a cabo una audiencia de imputación de cargos contra los sospechosos.
Además de los 39 muertos, 27 migrantes se encontraban hospitalizados hasta este jueves, dijeron las autoridades. México ya identificó a los muertos, la mayoría de ellos de Guatemala, y dijo que está en contacto con los consulados correspondientes para la entrega de los cuerpos.
Al declinar dar más detalles sobre la investigación, la fiscal afirmó que “vamos a proteger los derechos de las víctimas y también de los imputados. Cada diligencia tenemos que hacerla apegada a derecho. Si no lo hacemos así, nuestras ordenes de aprehensión no estarán bien fundadas”.
Por su parte, Rodríguez, aseguró en la rueda de prensa que «no vamos a parar hasta que los responsables tengan una fuerte sanción, la que merezcan por la ley». Enfatizó que desde el Gobierno mexicano “no vamos a ocultar nada, no vamos a proteger a nadie, no habrá impunidad para nadie”.
El Gobierno promete dura respuesta
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó en horas más tempranas del jueves en su conferencia de prensa matutina que las autoridades de su Gobierno informarían por la tarde «sobre el castigo a presuntos responsables» del mortal incendio.
«Hablé con el fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que la de hacer justicia. Que actúen con profesionalismo y absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia”, afirmó López Obrador.
Las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles que están investigando el caso como un homicidio y que han identificado como presuntos responsables a ocho funcionarios y guardias de seguridad del centro (miembros de una empresa privada), así como a un migrante «señalado por las mismas personas migrantes que declararon” como posible iniciador del fuego.
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