La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EE.UU. a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada cada uno por cargos de lavado de dinero.
Además deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según anuncio el juez William P. Dimitrouleas en Miami.
La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella y de 19 años y cinco meses para él.
Ambos ciudadanos venezolanos fueron extraditados desde España, país del que también tienen la nacionalidad, en 2022 y en diciembre de ese mismo año fueron declarados culpables de lavado de dinero: ella de dos cargos y el de tres.
Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez -son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» del presidente de Venezuela fallecido en 2013- y se radicaron en España en 2016, según alegan, porque eran perseguidos por el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
La Fiscalía los acusó de haber hecho una fortuna de 136 millones de dólares con una red de corrupción que aprovechaba que ella era tesorera nacional (2011-2013) para beneficiarse del sistema de control de cambios vigente en Venezuela por entonces.
Esa es la cantidad que, según el juez Dimitrouleas, deberán restituir, además de pagar 150.000 dólares de multa entre los dos.
En un escrito incorporado al registro judicial del caso, la extesorera nacional de Venezuela pidió «compasión» al juez a la hora de imponerles sentencia y subrayó que le hubiera gustado «colaborar» con EE.UU. pero no pudo hacerlo por carecer de la información que le fue requerida.
Díaz Guillén y su esposo se declararon no culpables de los cargos que se les imputaban y no llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, como sí hizo, por el contrario otro venezolano, extesorero nacional y sujeto a la justicia de EE.UU., Alejandro Andrade Cedeño, involucrado en la trama de corrupción y sobornos que ellos.
Andrade Cedeño, que fijó su residencia en EEUU después de la muerte de Chávez, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, como parte de un acuerdo que incluyó el decomiso de activos por 1.000 millones de dólares.
El principal imputado en este caso, el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal Globovisión, es buscado por la Justicia estadounidense en relación con los mismos hechos.
Gorrín fue acusado el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), otro de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve más de lavado de dinero.
El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos -Díaz Guillén y Andrade Cedeño- para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables.
Además de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente les pagó gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.
Para ocultar los sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma y presuntamente se asoció con otras personas para adquirir el Banco Peravia, en República Dominicana.
El también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, fue sentenciado en EE.UU. a tres años de prisión en 2019 por conspiración para lavado de dinero.
EFE
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