El gobierno de Estados Unidos tiene más de 24 mil agentes del orden desplegados en la frontera con México, junto con otros mil 100 nuevos coordinadores de la patrulla fronteriza, para hacer frente a la avalancha migratoria que se espera con el fin del Título 42.
En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que “la frontera no está abierta; cruzar irregularmente es ilegal” y quienes lo hagan, y quienes no sean elegibles para permanecer en Estados Unidos, serán “devueltos “rápidamente”.
Además de los 24 mil agentes del orden, en la frontera habrá cientos de policías de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional, 400 voluntarios y más personas encargadas de las llamadas entrevistas «de miedo creíble», que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.
“Ampliaremos significativamente a partir del jueves nuestro uso de la expulsión acelerada en la frontera”, advirtió un funcionario gubernamental que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica el martes por la noche.
Y «por primera vez en la historia» las expulsiones a México de migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela «continuarán bajo el Título 8», especificó.
Los migrantes de otras nacionalidades serán devueltos a sus países de origen gracias a acuerdos negociados en el último año y medio.
Mayorkas pidió a los migrantes recurrir a las vías legales, como pedir cita a través de la aplicación móvil, recurrir a un permiso de reunificación familiar o acogerse a un programa que autoriza entrar a 30 mil personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.
Próximamente los migrantes también podrán pedir cita en centros de preselección en Guatemala y Colombia. La idea es abrir «100» en toda América Latina y el Caribe, afirmó otro funcionario que pidió el anonimato en la misma rueda de prensa.
El gobierno de Estados Unidos espera “grandes cifras de arrestos de migrantes irregulares en su frontera con México tras el levantamiento del Título 42, una norma bajo la que ha estado llevando a cabo deportaciones de manera expedita con el pretexto de la pandemia.
“De hecho, ya estamos viendo cifras altas de detenciones en ciertos sectores” de la frontera, apuntó Mayorkas.
Destacó que el personal del DHS, las instalaciones y las comunidades en la frontera están “bajo una presión increíble” y auguró que el plan puesto en marcha por el gobierno arrojará resultados, pero que llevará tiempo.
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