La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina denunció el martes que el Gobierno de Nicaragua se apropió de un colegio de la congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac, y ordenó la expulsión de las tres monjas que lo administraban.
Molina, que es autora del estudio titulado «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», afirmó en un mensaje que el Gobierno «confiscó el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac», en el municipio de San Sebastián de Yalí, departamento de Jinotega, norte de Nicaragua.
Según la investigadora, ese colegio, con 31 años de fundación, pertenece a las religiosas de Hijas de Santa Luisa de Marillac.
Asimismo, aseguró que las autoridades nicaragüenses ordenaron la expulsión de tres religiosas de esa congregación.
Vecinos de San Sebastián de Yalí confirmaron a la prensa nicaragüense que el instituto es ocupado por agentes de la Policía Nacional.
La semana pasada, el Gobierno también intervino el colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, en el departamento de Rivas, sur de Nicaragua, y expulsó a tres monjas de esa congregación, según el periódico digital Confidencial.
Policía investiga a la Iglesia católica
La Policía de Nicaragua acusó el sábado pasado a la Iglesia católica nicaragüense de «lavar dinero» y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido.
Según la Policía, en el marco de esas investigaciones hallaron «centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a (las) diócesis» de Nicaragua.
También que han confirmado «la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley congelar» y que se trata «de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en (las) diócesis de distintos departamentos» de Nicaragua.
Además, que la Superintendencia de Bancos ha solicitado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al cardenal Brenes «la presentación de los documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis, de manera que se cumpla en todo momento con las leyes del país, evitando los actos ilícitos que se han venido cometiendo».
La semana pasada, la Policía también informó de que investiga al sacerdote Jaime Montesinos, párroco de la diócesis de Matagalpa (norte), que dirige el obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados «traición a la patria».
También investiga a otros dos sacerdotes por «asuntos administrativos» de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.
Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de «dictadura grosera» al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando «un desequilibrio de la persona que dirige» el país centroamericano.
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