Estados Unidos criticó este jueves unas declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, quien ha afirmado que se ha construido una «narrativa» sobre el debilitamiento de la democracia en Venezuela.
«Podemos tener un debate sobre las políticas de sanciones, sobre cómo promover el diálogo, pero tenemos que identificar las cosas como son», señaló el principal asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica, Juan González, al ser preguntado por la prensa sobre los comentarios de Lula.
En ese sentido, González celebró la «valentía» de los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Chile, Gabriel Boric, por refutar la perspectiva del líder brasileño.
Esos dos mandatarios, consideró González, han recordado «a todo el hemisferio que hay ciertos principios por los cuales muchos en la región han muerto por defender».
«Y no podemos ver esos temas como relativos (…), son absolutos», apuntó el asesor de la Casa Blanca.
Tras una reunión entre Lula y Nicolás Maduro, en el marco de una cumbre regional celebrada en Brasil, el responsable brasileño atribuyó este lunes las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y a la democracia en Venezuela a una construcción «narrativa».
Dirigiéndose a su «compañero» Maduro, dijo: «Usted sabe la narrativa que se construyó contra Venezuela, de la antidemocracia, del autoritarismo», dijo el mandatario brasileño.
El presidente chileno se pronunció al día siguiente del encuentro para expresar su desacuerdo con las palabras de Lula, asegurando que la situación de los derechos humanos en Venezuela es una «realidad seria».
Lo mismo hizo el mandatario derechista uruguayo, que señaló que no se puede «tapar el sol con un dedo».
Maduro visitó Brasil para participar en una cumbre suramericana convocada por Lula, quien lo recibió en el Palacio presidencial de Planalto donde ambos celebraron la retomada de la relación bilateral, suspendida desde 2019 por decisión del Gobierno que presidía el ultraderechista Jair Bolsonaro.
En una rueda de prensa, Maduro afirmó que su país ha sido objeto en los últimos años de un cerco «ideológico» montado por la ultraderecha global, pero aseguró que «ha resistido» y está listo para «trabajar» con Brasil «en la construcción de un nuevo mapa de cooperación» regional.
Cerca de 9.000 personas y algunas entidades jurídicas han presentando alegaciones y otra documentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) como «víctimas» de delitos de lesa humanidad en Venezuela.
En noviembre de 2022, el fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió a la sala de cuestiones preliminares del organismo, que se retomara la investigación sobre crímenes contra los derechos humanos en Venezuela, después de que haya pedido que se aplazara la pesquisa.
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