El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la puesta en marcha del nuevo programa de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras.
El proceso, que según la cadena CBS se abrirá formalmente el próximo lunes, está dirigido a nacionales de esos países con familiares que sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales y que hayan recibido la aprobación para reunirse con ellos.
El programa concede caso por caso un permiso durante un periodo de hasta tres años mientras esas personas esperan la solicitud para convertirse a su vez en residentes permanentes, tal y como precisó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.
«El Departamento ha demostrado que la expansión de nuevas vías legales, seguras y ordenadas, junto con una aplicación rigurosa, resulta efectiva en la reducción de la migración irregular y peligrosa hacia Estados Unidos», apuntó en la nota el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El proceso permitirá que quienes tengan peticiones aprobadas basadas en razones familiares puedan ingresar con este permiso en Estados Unidos.
Autorización de Estados Unidos
El Gobierno estadounidense emitirá las autorizaciones oportunas para aquellos cuyos viajes hayan sido aprobados y quienes entren en el país bajo este proceso serán elegibles para solicitar permiso de trabajo. Posteriormente, cuando su visa de inmigrante esté disponible, podrán pedir convertirse en residentes permanentes legales.
El DHS recordó que este proceso se enmarca en el conjunto de medidas anunciadas a finales de abril por ese Departamento y el de Estado para seguir reduciendo la migración ilegal y ampliar las vías legales de protección.
El Ejecutivo ya dejó claro entonces que el levantamiento del Título 42 -una medida migratoria implantada durante el mandato del expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) que permitía expulsiones en caliente en la frontera con México con la excusa de la pandemia- no iba a significar que esa linde estuviera abierta.
Las autoridades recalcaron en abril que su plan se iba a implementar en coordinación estrecha con socios regionales, «incluidos los Gobiernos de México, Canadá, España, Colombia y Guatemala».
Ese programa, recordaron, se apoyaba «en el resultado exitoso de procesos recientes que han reducido de manera sustancial los cruces ilegales en la frontera mediante una combinación de más vías legales y la expulsión rápida de quienes no usen esas vías».
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