Organizaciones por los Derechos Humanos presentaron hoy una denuncia conjunta ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (OHCHR) en nombre de seis presos políticos acusados por el presidente tunecino Kais Said, que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para «preservar la paz social», de conspiración contra el Estado.
«Las autoridades tunecinas deben poner en libertad de inmediato y retirar los cargos contra todos los presos políticos procesados únicamente por haber ejercido sus derechos civiles y políticos y poner fin a todas las prácticas destinadas a restringir el derecho a la participación política y la libertad de expresión y reunión pacífica», señaló el comunicado firmado por Euromed Rights entre otros.
El Tribunal de Apelación liberó este jueves a la activista Chaima Issa y al abogado Lazhar Akremi mientras rechazó la liberación de otros seis opositores: el exdirigente del partido Ettakatol, con nacionalidad española, Khayam Turki; el exvicepresidente del partido islamista Ennahda, Abdelhamid Jelassi; el cofundador del partido Corriente Democrática, Ghazi Chaouachi; el secretario general del Partido Republicano, Issam Chebbi y el constitucionalista Jaouhar Ben Mbarek.
«Deben liberar a todos los prisioneros políticos, sin ninguna distinción ni exclusión. Los tunecinos deben saber que sus problemas no se resolverán cuando metan a todo el mundo en prisión. Al contrario, esto alimentará el sentimiento de venganza y de odio», defendió Issa, única mujer entre los detenidos, minutos después de su liberación.
Tras una campaña de arrestos iniciada el pasado mes de febrero por la brigada antiterrorista, los acusados permanecen en prisión preventiva y son imputados por una decena de «cargos falsos basados en acusaciones endebles» por los que se enfrentan a severas sentencias de cárcel e incluso a la pena de muerte.
La mayoría de ellos son miembros del partido islamista Ennahda, principal fuerza política de la última década y cofundador del movimiento opositor Frente de Salvación Nacional, que reúne a diferentes partidos y figuras del espectro político.
Según la sociedad civil se trata de una «represalia» contra la oposición pacífica por criticar las medidas «antidemocráticas e inconstitucionales» implementadas por el mandatario en julio de 2021, lo que consideran un «golpe de Estado» y que ha supuesto continuos ataques contra la independencia judicial.
«Esta es una investigación altamente politizada. Los cargos son infundados y el objetivo de las autoridades es claramente silenciar a todas las voces críticas y acabar con el pluralismo político en el país», lamentó el director regional de ASF, Antonio Manganella.
Por ello, el presidente de la Comisión Nacional Tunecina para la Defensa de las Libertades y la Democracia, Said Ayachi Hammami, instó a las autoridades «a trabajar para restaurar un régimen democrático en el país y fomentar un diálogo social saludable con todos los actores sociales y políticos para abordar los diversos desafíos a los que se enfrenta el país».
La disidencia asegura que esta persecución judicial busca paralizar las negociaciones que se llevaban a cabo para organizarse de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2024, todavía en el aire.
EFE
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