La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles una norma que permitirá que los presuntos pandilleros detenidos durante el Estado de Excepción sean juzgados colectivamente, lo que conducirá a que alrededor de 900 detenidos enfrenten un mismo juicio.
La norma ordena el sometimiento de varios imputados a un solo proceso penal por su supuesta pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro del estado de excepción, vigente desde marzo de 2022 en el país centroamericano.
Esta disposición fue aprobada con los votos de 67 congresistas del partido gubernamental Nuevas Ideas de 84 legisladores en total.
La nueva norma, que nació de una iniciativa del presidente Buleke, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación.
El vicepresidente del Parlamento, Guillermo Gallegos, explicó que «con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal».
Para Gallegos, la nueva norma facilitará a la Fiscalía y a los tribunales el juzgamiento de los presuntos delincuentes.
Añadió que el Ministerio Público podrá también hacer uso de los mismos elementos de prueba en contra de un grupo de pandilleros cuando éstos pertenezcan a una misma célula o que operen en una misma zona geográfica o que hayan participado en un mismo hecho delictivo.
La aprobación de la disposición que permitirá los juicios colectivos ha sido condenada por sectores de oposición que han denunciado que con esta acción se busca juzgar a las personas que protesten contra el presidente.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han denunciado la detención de cientos personas que no se encuentran ligadas a pandillas y que aún permanecen en prisión.
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