Investigación de Víctor Arteaga
La Fiscalía General de la República mexicanas acelera las investigaciones de la muerte del joven asesinado por custodios en el Cefereso 18 de Ramos Arizpe y se enfoca en otros dos fallecimientos sospechosos de reos.
El posible asesinato de Óliver Eduardo Ramos Cardoza, ocurrido en mayo de este año en el interior del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 18 en Ramos Arizpe, Coahuila, abrió la puerta para que autoridades federales investiguen otras dos muertes sospechosas en los años 2021 y 2022.
El crudo video de cámaras de seguridad de la penitenciaria federal que mostró claramente cómo personal del Cefereso 18 de Ramos Arizpe golpeó de manera inmisericorde al reo Óliver Eduardo, mantiene bajo investigación a 18 funcionarios, desde custodios hasta personal administrativo y ex directivos.
La revelación de las imágenes de la agresión a Ramos Cardoza, que forma parte de una investigación periodística de XPECTRO FM, provocó además, que la Fiscalía General de la República (FGR) fijara su atención en las muertes sospechosas de internos ocurridas el 17 noviembre del año 2021 y el 8 de septiembre del 2022, en el mismo centro penitenciario.
En el caso ocurrido en el 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Fiscal del Estado de Coahuila abrir una carpeta de investigación con el protocolo de posible muerte ilícita; y en el hecho del 2022, la FGR atrajo el extraño fallecimiento de Agustín Martínez Torres, por cuya muerte la Fiscalía de Coahuila se declaró sin competencia.
Los graves casos ocurren en la llamada “Sucursal del Infierno”, un centro de reinserción social que previamente había sido casi reprobado en todas las evaluaciones a las que había sido sometido.
En el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria” de la CDNH, en los dos últimos informes del Cefereso de Ramos Arízpe, fue colocado más cerca de reprobar que de alcanzar una calificación favorable.
De acuerdo al Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el Centro Penitenciario Número 18 (CPS), Coahuila obtuvo una evaluación de 7.42 en el 2020 y de 7.19 en el 2021.
Se habían detectado fallas en garantizar la integridad de los reos, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, falta de vías para remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, fallas en las condiciones de gobernabilidad, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, además de insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.
A pesar de las advertencias, ninguna autoridad intervino, hasta que ocurrió el presunto crimen de Óliver Eduardo Ramos Cardoza.
Identificados a custodios en agresión a Ramos Cardoza
La aparición de impactantes videos e imágenes periciales, dadas a conocer por XPECTRO FM, que evidenciaron el posible asesinato de Oliver Eduardo Ramos Cardoza, puso en capilla a 18 funcionarios posiblemente relacionados con el caso por ocultar los hechos que han conmocionado al país.
En las imágenes se apreció cómo al menos nueve elementos entraron a la celda de Ramos Cardoza para golpearlo y sacarlo con lujo de violencia, subirlo a una camioneta y llevarlo al área médica del penal, lo que echó por tierra la versión oficial de una supuesta muerte por un “infarto al miocardio”.
La esposa de la víctima realizó denuncias ante distintas autoridades judiciales estatales y federales, además de una serie de ellas ante la CNDH.
Las contundentes evidencias, tienen bajo investigación a 18 funcionarios del Cefereso de Ramos Arizpe, entre ellos a la ex directora Jetzael Martínez Cisneros, denunciada por abusos ante diversos organismos como la CNDH, Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía de Coahuila y la propia FGR.
De acuerdo con la investigación federal número 00456/RAM/UAI/2023, a la cual tuvo acceso XPECTRO FM, los funcionarios y oficiales investigados, hasta ahora, por la muerte y quienes el día del deceso formaban parte de la plantilla registrada ante Recursos Humanos del Sistema Nacional Penitenciario, son:
Juan Antonio Ilich Coronado Reyes, Claudia Gabriela López López, Juan Francisco Alfeirán Sánchez, Ricardo Andrés Pesado, Carlos Temich Xolo, Alfonso Martínez López, Nicasio Plascencia Castillo, Primitivo Miranda Pérez, Lorena Pérez Bazán, Fabiola Hernández García, Samuel Sánchez Sánchez, Diana Yadira Esparza Ordaz.
Se investiga también al perito médico forense José Alejandro González Resendiz y del área jurídica a Sulmi Roxana González Garrido y Noé Valdés Salgado.
Tras el escándalo, Jetzael Martínez Cisneros fue removida el 19 de mayo del 2023 de la dirección, cuatro días después de la muerte de Ramos Cardoza, según una nota informativa la Administración de Penales Federales.
Se aseguró que los custodios involucrados fueran removidos del área, pero continúan laborando de manera normal en otras secciones del penal sin que al momento ni la FGR, ni la Fiscalía de Coahuila, emitan órdenes de aprehensión en su contra.
Ramos Cardoza formaba parte de un grupo de internos que buscó ampararse en contra de las amenazas de los directivos, custodios y elementos de seguridad del penal, sin que el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Coahuila respondiera.
Fue después que se dio a conocer la muerte de Ramos Cardoza, que el funcionario judicial resolvió amparar al resto de los reclusos que estaban en la lista de amenazados.
Tras la muerte de Oliver Eduardo Ramos y, al ver que las amenazas del personal de custodia eran reales, otro grupo de internos buscó ampararse para evitar tener el mismo final que su compañero fallecido.
El Órgano Interno de Control realiza las investigaciones correspondientes, mientras las Fiscalías General de la República y General de Coahuila, abrieron dos carpetas para determinar las responsabilidades del caso.
Muere asfixiado al “golpearse la cabeza”
El caso de la víctima Oliver Eduardo Ramos, que puso al descubierto un presunto asesinato y una posible trama de funcionarios y elementos de custodia para ocultar la verdad histórica, obligó a autoridades a fijar la atención en otras dos muertes sospechosas al interior de la penitenciaría.
Una es investigada por la FGR y la Fiscalía de Coahuila y ocurrió el 8 de septiembre del 2022, cuando las autoridades del Penal Federal reportaron el fallecimiento del reo Agustín Martínez Torres de 27 años de edad.
Los funcionarios del centro de reinserción social, encabezados por la directora Jetzael Martínez Cisneros, reportaron que Martínez Torres había fallecido tras golpearse la cabeza dos veces: una al caer de su cama y la segunda al intentar levantarse.
La reconstrucción de los hechos, estableció que la víctima fue trasladada al Hospital General de Saltillo y el Resumen Clínico del médico Arturo Iván Sánchez Bocanegra de la Jefatura de Coordinación-Urgencias, quien lo atendió a su llegada, señaló que el paciente sufrió una parada cardiorrespiratoria de acuerdo a la nota de valoración del área.
La Secretaría de Salud en Saltillo confirmó en el certificado de defunción con folio número 220080997, que la causa de muerte de Martínez Torres fue por asfixia y bronco aspiración, no por un traumatismo en la cabeza, ni por sus posibles consecuencias.
El reporte del Hospital General en Saltillo se basó en la nota médica de referencia del área médica del Penal Federal, en la que se afirmó que el interno sufrió traumatismo craneoencefálico leve, hipotermia leve y pérdida de consciencia, pero el diagnóstico a su llegada fue reservado y no se especificó que los golpes leves en la cabeza tuvieran relación con la asfixia.
El informe del médico Sánchez Bocanegra explicó que la nota médica de referencia del Centro Penitenciario que existía evidencia clínica y paraclínica de datos de falla orgánica múltiple, teniendo al paciente en condición grave y en malas condiciones.
El doctor Arturo Iván Sánchez informó que al realizar la valoración en Urgencias del Hospital General el paciente no tenía signos vitales, sin respuesta pupilar, definiéndose la defunción a las 20:03 horas del día en cuestión informando que se trató de muerte en traslado.
En la investigación se encontraron deficiencias en la atención al reo, por ejemplo que la médico del penal federal encargada del traslado al Hospital General, no le practicó reanimación cardiopulmonar, ni brindó apoyo de oxígeno, ni vía canalizada.
Ante las evidencias, la directora en ese momento del penal Jetzael Martínez Cisneros, se vio obligada a denunciar casi dos meses después de los hechos, a la médico penitenciaria Esmeralda Molina Castro, solicitando la investigación para buscar el esclarecimiento y descubrir si los actos de la especialista pudieran ser constitutivos de probables delitos.
Se abrió la Carpeta de Investigación FED/COAH/SALT/0001042/2022 en la que se anexó el Informe de Investigación Criminal de la FGR con número de oficio FGR/AIC/PFM/DGMM/UAIORCOAH/SALT/6565/2022 fechado el 28 de octubre del 2022, en donde se da cuenta de las anomalías criminales detectadas.
Entre los documentos que Jetzael Martínez presentó en contra de Esmeralda Molina Castro estuvieron los oficios SSPC/PRS/CPF18/DG/08851/2022 y el SSPC/PRS/CGCF/44460/2022 a través del cual se instruye se comisione a la sospechosa una comisión de trabajo al CEFERESO 17 de Michoacán.
El oficio SSPC/PRS/CPF18/DG/08851/2022 fue firmado por la entonces Directora del penal, Jetzael Martínez Cisneros, mientras que el oficio SSPC/PRS/CGCF/44460/2022 fue firmado por el Coordinador General de Centros Federales, Sergio Alberto Martínez Castuera.
Hasta donde sé tiene conocimiento Esmeralda Molina Castro nunca fue enviada al Penal Federal de Michoacán y continuó laborando en el Centro Penitenciario Número 18 de Ramos Arizpe a pesar de la solicitud de traspaso.
El domingo 21 de mayo del 2023 especialistas de la FGR exhumaron el cuerpo de Agustín Martínez Torres como parte de la investigación que realiza por su posible asesinato.
Las autoridades del Penal de Ramos Arizpe aseguraron que las cámaras del pabellón en la que se encuentra la celda que ocupaba Martínez Torres, no servían ese día y no proporcionaron ninguna prueba en video que sustentara su versión.
Se “suicida” reo que debía ser vigilado por esquizofrenia
El segundo caso que llamó la atención tras la investigación periodística dada a conocer y tras todas las irregularidades encontradas en la penitenciaria ocurrió el 17 de noviembre del 2021, cuando murió en condiciones extrañas un interno con problemas de esquizofrenia.
El 28 de abril del presente año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 68/2023, mediante la cual informa al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana, Antonio Hazael Ruiz Ortega, sobre las irregularidades de la muerte de un interno con problemas de esquizofrenia.
La víctima de identidad resguardada, fue valorada en múltiples oportunidades por el personal médico del penal federal, quienes en sus notas de atención psicológica indicaron que el paciente requería de observación permanente en el área hospitalaria, según al expediente CNDH/3/2021/10997/Q.
A pesar de las indicaciones del personal psicológico, el 17 de noviembre del 2021 el interno fue, supuestamente, encontrado muerto, colgado con una sábana alrededor de su cuello.
A pesar de recibir primeros auxilios no fue posible reanimarlo. El reporte médico, en poder de la CNDH, afirmó que la muerte del reo fue a causa de Anoxia Cerebral subsecuente a asfixia mecánica por ahorcamiento.
La Recomendación 68/2023 de la CNDH, que es pública, fue dirigida también al Fiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo Vázquez Guevara, a quien se le realizaron varias recomendaciones.
Entre las solicitudes del organismo de defensa de derechos humanos a Vázquez Guevara destacó el realizar una investigación, entre ellas el considerar el conjunto de principios y directrices que contiene el Protocolo de Minnesota, durante la investigación de muertes potencialmente ilícitas.
De tal forma que el fallecimiento del reo también forma parte de las indagatorias por graves irregularidades en la “Sucursal del infierno”.
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