El Senado chileno aprobó este martes la trigésimo tercera prórroga del estado de excepción constitucional que rige en la región de La Araucanía y dos provincias de la región de Biobío, epicentro del denominado «conflicto mapuche» que enfrenta a algunas comunidades indígenas con empresas de extracción maderera y fuerzas de seguridad pública.
La medida, ratificada con 33 votos a favor, 3 en contra y una abstención, está vigente en la zona desde mediados de mayo de 2022, superando a estas alturas más de 500 días de aplicación con la finalidad de disminuir los hechos de violencia rural que son frecuentes en caminos y predios forestales, según han planteado diversas autoridades estatales.
Esta herramienta constitucional chilena permite el despliegue militar en la zona para apoyar a Carabineros -Policía militarizada- a controlar el orden público, incluyendo la vigilancia de las principales carreteras y caminos aledaños, rutas en las que ataques incendiarios y emboscadas se registran de forma continua.
En esta región del territorio chileno, más de 700 kilómetros al sur de Santiago, existe desde hace décadas una disputa territorial entre el
Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama los territorios que habitaron durante siglos, antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido oficialmente como la «Pacificación de La Araucanía» y que ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestales.
En este contexto, son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas, entre otros hechos que han marcado uno de los problemas políticos más profundos y complejos de país suramericano.
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