El Ministerio Público de Bolivia presentó cargos por el delito de genocidio en contra de 18 personas, incluida la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) y otros antiguos altos funcionarios del país, así como solicitó 30 años de cárcel para ellos.
«El Ministerio Público concluyó la investigación en el denominado Caso Sacaba, en ese marco, la Comisión de Fiscales asignados al mismo presentó el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal en contra de 18 personas, por el delito de Genocidio», indica el comunicado del organismo.
El 15 de noviembre de 2019, una marcha de manifestantes contra el Gobierno de facto de Áñez intentó llegar a la ciudad de Cochabamba (centro), pero fue frenada por militares y policías, que, amparados en el decreto 4.078, que los eximía de responsabilidades, reprimieron a los marchistas causando 10 muertos y 36 heridos.
Ante esto la Fiscalía de ese país anunció que «se requerirá, luego del Juicio Oral respectivo, la pena máxima de 30 años de privación de libertad para los autores y partícipes» de lo ocurrido.
En la lista de acusados figuran, además de la otrora mandataria, el exjefe de Defensa Luis Fernando López; el antiguo ministro de Gobierno Arturo Murillo; el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) Sergio Carlos Orellana; el exjefe de Estado Mayor de las FFAA Pablo Arturo Guerra Camacho, así como otros altos cargos militares de la nación latinoamericana.
Jeanine Áñez asumió la Presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, en medio de una crisis política en la que el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) fue presionado por cívicos, policías y militares para renunciar al cargo y refugiarse en México.
Dos años después, en junio, la justicia emitió una sentencia por el caso Golpe de Estado, condenándola a 10 años de cárcel, que actualmente cumple en la Cárcel Femenina de Miraflores, en La Paz.
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