La migración irregular de menores de 18 años que pasan por México creció un 61,9 % interanual de enero a agosto de 2023, con casi 63.000 migrantes detectados, según un informe presentado este miércoles por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Además, se ha repatriado en ese mismo periodo a casi 18.000 personas de entre 0 y 17 años de Estados Unidos a México, lo que representa un aumento de 2,5 % con respecto al periodo anterior, añadió el reporte.
El estudio de la Redim mostró que la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia y la reunificación familiar son las principales causas que impulsan la migración infantil en países de Centroamérica.
Esto visibiliza las situaciones que llevan a niños, niñas y adolescentes a migrar en la región”, señaló Tania Ramírez, directora de la Redim, durante la presentación del informe.
De acuerdo con Ramírez, los contextos políticos e históricos de conflictos en la región, además de los sociales originados por la expropiación de tierras, la crisis climática, la violencia de género y la reciente pandemia por covid-19 han provocado procesos de movilidad humana en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Principales causas
El informe, que abarcó poblaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, detectó que existen cuatro principales causas que han obligado a la niñez de la región a migrar de estos países.
“Entre ellas están la pobreza y la falta de oportunidades, pues según un informe del Banco Mundial de 2020, las condiciones de pobreza en Guatemala eran de más 52 % de la población, en El Salvador de 22 %, en Honduras de 64 % y en Nicaragua 29 %”, explicó.
Esto, dijo, se recrudece porque los recursos destinados a gasto social son “desiguales y deficientes”.
Aunado a ello, reportó, la baja inversión en educación y salud reduce las oportunidades de empleo y desarrollo personal, lo que impulsa la migración.
Del mismo modo, desastres naturales como los huracanes han generado un efecto en las condiciones de vida de las personas, que se ven obligadas a desplazarse “pues se ven mayores niveles de pobreza para las familias y buscan emigrar para recuperar parte de lo que perdieron», manifestó.
En tanto, la pandemia por covid-19, derivó en que 28,4 % de las personas en estos países perdiera su empleo, mientras que 15,7 % tuvieron falta de alimentación o inseguridad alimentaria.
Otra de las causas, dijo Ramírez, es la violencia e inseguridad ciudadana, pues en los cuatro países existen altos índices que han incrementado la migración, lo que se ha recrudecido por la creciente presencia del crimen organizado.
“Esta es una importante causa para que niños, niñas y adolescentes huyan de sus hogares”, advirtió.
Dentro de este rubro, la violencia basada en género ha incidido en la migración pues, aunque “ha habido avances legislativos, sigue siendo un tema preocupante”, dijo Ramírez.
Explicó que en Guatemala, por ejemplo, el 58,7 % de los casos de violencia sexual en 2019 involucraron a niñas y adolescentes, mientras que en El Salvador esta cifra ascendió a 75 %.
Otra de las causas es la reunificación familiar que, según una encuesta de la Unicef, entre 2016 y 2018 fue la principal causa para migrar en Honduras (31,5 %) y en El Salvador (28 %).
“Los especialistas reafirman que una de las principales motivaciones que tienen los niños y adolescentes para migrar es reunirse con sus familiares, principalmente en Estados Unidos”, enfatizó Ramírez.
Finalmente, dicta el informe, los proyectos de vida, enfocados en superar sus problemas económicos, disponer de ambientes menos hostiles y reunificarse con sus familias, es la cuarta causa aunque “la menos analizada en el marco de la migración”, dijo.
Importantes desafíos
Ante este panorama, la Redim, en conjunto con organizaciones civiles de los países de la región, presentó el proyecto «Redes», que busca garantizar los derechos de la infancia en situación de migración y reconocerlos como actores políticos para involucrarlos en la toma de decisiones.
Entre los objetivos están que los Estados, la sociedad civil y los mismos niños, niñas y adolescentes sean garantes de sus derechos, además de fortalecer mecanismos de diálogo e igualdad para escuchar a las infancias.
Asimismo, busca que las políticas sean integrales a nivel local y regional con un enfoque de derechos humanos y de género.
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