Víctimas israelíes del ataque de Hamás el pasado octubre acudieron este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) para reunirse con el fiscal Karim Khan, a quien urgieron a investigar lo ocurrido y emitir órdenes de arresto contra líderes del grupo islamista, en un paso que desafía a Israel, que ni reconoce ni coopera con este tribunal.
Familiares de tres víctimas fueron recibidos por Khan en La Haya, “en una reunión importante en la que el propio fiscal dio mucha atención a la narrativa de las víctimas y mostró mucha seriedad, humanidad y dignidad”, aseguró a EFE el abogado francés François Zimeray, que representa a once familias israelíes afectadas por el ataque de Hamás.
Entre los familiares se encuentran la madre de una joven asesinada el 7 de octubre en el ataque al festival «Tribe of Nova», el conocido empresario israelí Eyal Waldman -cuya hija fue asesinada también en el festival de música- y la joven hija de un hombre asesinado en su casa en la ciudad de Ofakim. Khan todavía no se ha pronunciado sobre este encuentro.
La CPI ya tiene abierta desde 2021 una investigación de los presuntos crímenes de guerra perpetrados desde 2014 contra la población civil en los territorios ocupados por Israel (que incluye Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza), lo que afecta tanto al Ejército israelí como a Hamás y otros grupos armados palestinos.
Pero, mientras que Palestina reconoce a este tribunal desde 2015 y fueron sus autoridades quienes pidieron la apertura de esta investigación a fuerzas israelíes y grupos palestinos, Tel Aviv se niega a cooperar y tacha de «escandalosa» y de «antisemita» la investigación.
Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI que reúne a 132 países, pero la CPI sí tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos por las fuerzas israelíes en los territorios palestinos ocupados.
Zimeray consideró “una anomalía” que Israel no sea miembro del tribunal, dado que “la historia y el ADN de la CPI tiene mucho que ver con la historia del pueblo judío”, y admitió que la presencia de familiares de víctimas en La Haya “no cuenta en absoluto con el apoyo de las autoridades israelíes”.
“Son individuos los que han decidido llevar su caso ante la justicia internacional, hay un debate dentro de la sociedad israelí y su esfera política y jurídica y estoy seguro de que tarde o temprano Israel se unirá a la CPI. Pero, de todos modos, el fiscal ha confirmado que la Corte tiene plena competencia sobre estos delitos y está plenamente comprometida con firme determinación para actuar rápido”, aseguró el letrado.
Khan ya ha confirmado que su oficina se ocupa, como parte de la investigación en curso, del ataque de Hamás en octubre y los actuales bombardeos israelíes sobre Gaza.
También aseguró que había tratado de reunirse con las victimas palestinas en Gaza y las israelíes en Israel, pero «no fue posible”, en sus propias palabras.
La CPI investiga la comisión de crímenes en un territorio determinado independientemente de quienes los hayan cometido y por eso su investigación afecta a ambas partes del conflicto, pero el hecho de que el Ejército israelí esté incluido en el caso ha suscitado críticas a la CPI por parte de Tel Aviv y también de sus aliados, como Estados Unidos y Reino Unido.
“No existe jerarquía entre las víctimas y no hay motivo para no quejarse. El tribunal tiene jurisdicción cuando el país no puede hacer justicia por sí mismo y es probable que, si los israelíes cometen crímenes, sean castigados por Israel. Pero no ocurre lo mismo con Hamás, que gozan de impunidad”, según el abogado.
Cree que este caso es “muy especial” porque las pruebas irrefutables de los crímenes denunciados “están ahí, los perpetradores estaban orgullosos de lo que estaban haciendo, lo han filmado regocijándose, será fácil recopilar pruebas en comparación con otros casos”.
A finales de octubre, Palestina ya recurrió a la CPI para intentar frenar lo que llamó “guerra de venganza” de Israel en Gaza y pidió acelerar la investigación de los “crímenes de guerra, de lesa humanidad, limpieza étnica, traslados forzosos e incluso síntomas de genocidio” presuntamente cometidos en la Franja por Israel, a la que acusó de “no respetar las normas” y de “violar todas las leyes internacionales” humanitarias.
Más de 50.000 personas, entre ellos varias ministras españolas, firmaron una carta enviada esta semana al fiscal de la CPI para pedir investigar a Israel también por “genocidio” y emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
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