El poder judicial italiano y el Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni han vuelto a protagonizar un desencuentro después de que el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, acusara a «cierto sector del poder judicial» de organizar reuniones para tratar de entorpecer la labor del Gobierno.
«Me hablan de reuniones de un cierto sector del poder judicial en las que se habla de cómo ‘frenar la deriva antidemocrática a la que nos lleva Meloni’», afirmó Crosetto en una entrevista con el diario Il Corriere della Sera, sin dar más detalles de su acusación.
Antes, al ser consultado sobre el peligro de no ejecutar los contratos adjudicados con fondos europeos, el ministro cambió de tema y afirmó que «el único gran peligro» era la oposición judicial.
«El único gran peligro es el de aquellos que siempre se han sentido una facción antagónica y que siempre han socavado a los gobiernos de centroderecha: la oposición judicial», respondió Crosetto, estrecho colaborador de Meloni y cofundador de la formación Hermanos de Italia, la más votada de los últimos comicios.
Ante la sorpresa del entrevistador, que pidió más detalles sobre esa afirmación, el ministro sencillamente dijo conocer «bien este país» y haber visto «todo tipo de cosas en el pasado».
«Espero que esta temporada comience pronto, antes de las elecciones europeas», añadió.
Las palabras han causado revuelo en el sector judicial del país hasta el punto de que han sido censuradas por la Asociación Nacional de Magistrados italianos (ANM), reunida este fin de semana en la Corte Suprema.
«La representación de un poder judicial que trabaja en contra y que puede convertirse en una oposición político-partidaria es engañosa», afirmó el presidente de la ANM, Giuseppe Santalucia.
No es el único enfrentamiento reciente entre el poder judicial y el Ejecutivo de Meloni, pues recientemente, y a causa de varias sentencias que dejaron libres a solicitantes de asilo, la primera ministra italiana y otros representantes del gobierno, como Matteo Salvini, acusaron a alguos jueces de actuar con motivaciones ideológicas.
«Las declaraciones de representantes del Gobierno (…) sobre la no convalidación de las órdenes de detención expresan una visión preocupante de las prerrogativas de control de legalidad atribuidas exclusivamente al poder judicial y socavan su independencia y autonomía», aseguró la Asociación Nacional de la Magistratura (ANM) en una nota.
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