¿Deben los Estados Unidos responsabilizarse de todos sus ciudadanos retenidos por la fuerza en países extranjeros? ¿Tienen que pagar cualquier precio para liberar a los estadounidenses secuestrados? ¿Incluso cuando el secuestrador no es un grupo terrorista, sino un estado con el que no se mantienen relaciones diplomáticas? Este es el debate que se ha reabierto a raíz del polémico intercambio de prisioneros estadounidenses con Irán, y la liberación del soldado estadounidense Travis King, que en julio había entrado ilegalmente en Corea del Norte.
En el primer caso el gobierno de Joe Biden accedió a desbloquear 6.000 millones de dólares y a dejar en libertad a cinco presos iraníes a cambio de otros ciudadanos estadounidenses que habían sido retenidos en el centro penitenciario de Evin, conocido por las durísimas condiciones en las que mantiene a los prisioneros políticos. En el caso del soldado, Washington asegura que no ha habido contrapartidas.
El episodio recuerda al caso de la jugadora de baloncesto Brittney Griner, estrella de la WNBA, que había sido detenida en Rusia y fue liberada a finales del año pasado, también por medio de un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, en este caso a cambio del traficante de armas ruso Víctor Pero. Tanto Griner como los cincos estadounidenses encarcelados en Irán habían sido detenidos de forma arbitraria por un régimen enemigo y autoritario. En ambos casos, la administración de Biden se vio obligada a realizar concesiones dolorosas para llevar a buen puerto las complejas negociaciones.
Es lo que se llama diplomacia de los rehenes, un concepto tan antiguo como el de estado, que en los últimos años se ha convertido en una pesadilla para Washington. Cada mandatario ha gestionado a su manera los casos a los que ha tenido que hacer frente, pero la postura general ha sido contraria a la negociación. Biden ha demostrado su «inalterable» determinación para repatriar a estadounidenses detenidos arbitrariamente en el extranjero: «Hay demasiados que continúan injustamente detenidos en Rusia, Venezuela, Siria y otros lugares del mundo», lamentó el presidente tras el intercambio con Irán.
¿La negociación alimenta más secuestros?
La postura de Biden ha recibido muchas críticas, como un editorial del Washington Post, titulado «Cinco estadounidenses hoy. ¿Cuántos mañana?», en el que denunciaba que «estos regímenes ven a los rehenes como monedas de cambio con las que obtener futuros beneficios», una práctica que definía como «un bruto tráfico de seres humanos» por parte de los gobiernos. «La cruda realidad es que recompensar la toma de rehenes solo hará que haya más. Los estados canallas cierran la puerta de la cárcel y esperan el próximo pago, y casi nunca sufren consecuencias por secuestrar a gente de a pie», aseguraba el editorial.
Es un equilibrio muy complicado para el gobierno, dado que no hay decisión buena: si Biden decidiera abandonar a los ciudadanos estadounidenses a su suerte, las críticas serían igualmente contundentes. Por el momento, está optando por llegar a acuerdos desequilibrados con estos gobiernos. Pero no siempre ha sido así.
Por ejemplo, los asesinatos de los periodistas James Foley y Steven Sotloff, y los cooperantes Peter Kassig y Kayla Mueller en manos del Estado Islámico en Siria entre 2014 y 2015, podrían haberse evitado con la negociación. Pero entonces el gobierno de Barack Obama llegó a la conclusión de que, para los intereses estadounidenses, el precio a pagar por negociar con un grupo terrorista era superior a la vida de estos periodistas.
La aproximación no negociadora de Obama había sido la misma que la de la mayoría de administraciones estadounidenses del siglo XX. Sin embargo, según señala una reciente investigación,Bringing Americans home, la política de no negociación con los secuestradores no reduce el número de secuestros.
Por tanto, más allá del pragmatismo, todo gobierno debe poner el coste moral en un plato de la balanza y el coste geopolítico en el otro; en el caso de Biden, de momento ha pesado más el moral: el año pasado marcó un récord histórico de liberaciones negociadas, diecisiete, doce de las cuales requirieron la mediación de un tercer actor.
En lo que llevamos de siglo, se calcula que 422 ciudadanos estadounidenses han sido tomados como rehenes, ya sea por grupos terroristas o por gobiernos extranjeros. China, Irán, Rusia y Venezuela son responsables de la mayoría de las detenciones arbitrarias, el 79% en 2022, según el citado informe.
Con información de ARA
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