La reforma de pensiones del presidente chileno, Gabriel Boric, uno de sus proyectos estrella, iniciará esta semana su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados tras ser aprobada este lunes en la Comisión de Hacienda, donde afrontó una fuerte resistencia por una parte de la derecha y ultraderecha.
«Estamos votando una reforma esperada por mas de diez años, objeto de dos intentos fallidos hasta ahora y no es concebible seguir esperando (…) Este es un proyecto para el país y esto es lo que tenemos que tener en cuenta en la discusión», dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras la votación en comisión.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, llamó a todos los sectores políticos a sumarse a la votación en la Sala: «Si bien pueden persistir algunas diferencias en materias particulares, votar la idea de legislar es fundamental para que pueda haber una reforma previsional en el país», indicó antes de recordar que si se rechaza el proyecto, no podrá ser votado dentro del próximo año.
Hace una semana el Gobierno acogió la propuesta de partidos de centro derecha como la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente y Demócratas, para destrabar el debate de una reforma que se presentó inicialmente en noviembre de 2022 y cuya discusión ha estado estancada más de un año.
La reforma propone la creación de un sistema mixto y la posibilidad de que el Estado gestione los fondos privados de pensiones -hasta ahora en manos de empresas privadas- y busca subir la cotización del 10 % actual al 16 %, a cargo del empleador.
El principal punto de fricción es el destino de ese 6 % adicional, que el Ejecutivo quería destinar inicialmente a un seguro social, pero finalmente optó por una fórmula mixta que concita más apoyos y que reparte un 3 % al seguro social y otro 3 % a la capitalización individual.
La oposición, en contra del sistema solidario de reparto
Tanto la coalición de derecha Chile Vamos como la ultraderecha rechazan la nueva distribución y quieren que el 6 % vaya totalmente a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador.
«Nunca vamos a votar a favor de crear un sistema de reparto, ni siquiera un punto», advirtió el jefe de la bancada de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez.
El sistema de pensiones chileno, creado por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), fue pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10 % mensual de su sueldo a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile y que es gestionada por las polémicas administradoras privadas de pensiones (AFP).
En los últimos años, el modelo ha sido ampliamente criticado por las escasas pensiones que otorga: la pensión promedio a junio de 2023 fue de 283.455 pesos chilenos para los hombres (321 dólares) y 111.237 pesos para las mujeres (cerca de 126 dólares), respectivamente, según la Superintendencia de Pensiones.
Gobiernos anteriores intentaron sin éxito reformar totalmente el sistema y hasta ahora solo se han aprobado reformas parciales, como la creación en 2008 de una pensión financiada por el Estado para los más pobres que no habían cotizado y que fue aumentada en 2021.
En caso de que la reforma de pensiones avance esta semana en la Cámara Baja, donde el Gobierno necesita 78 votos a favor de su propuesta, a la vuelta de la pausa legislativa del mes de febrero, correspondiente a las vacaciones del verano austral, continuará su tramitación en el Senado.
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