El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que la suspensión temporal del canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría (Ministerio Público) es una maniobra para no dejar gobernar a un «gobierno popular, democrático».
La Procuraduría decidió este miércoles proferir cargos contra el canciller y suspenderlo por tres meses por presuntas irregularidades en la licitación de un contrato para fabricar pasaportes, algo que el presidente ve como una maniobra política por parte de un cargo nombrado por el anterior Gobierno.
«No nos van a dejar gobernar, pues claro, es la mentalidad de quienes (están) acostumbrados a dejar la gente abandonada. No quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un Gobierno popular, un Gobierno democrático», dijo Petro en un acto en Guapi (Cauca), en el Pacífico colombiano, adonde el Ejecutivo se trasladó esta semana para gobernar.
Petro no se mostró sorprendido con la decisión anunciada por la procuradora Margarita Cabello Blanco.
«Nos van a suspender ministros aquí y ministras allá, esto ya lo vivimos en la Bogotá Humana», dijo aludiendo a que la misma Procuraduría, cuando la dirigía Alejandro Ordoñez, decidió inhabilitarlo a él como alcalde de Bogotá, cargo que ejerció entre 2012 y 2015, por supuestas irregularidades en la concesión de los contratos de basura.
Y afirmó que «si alguien se va, sigue otro u otra. El siguiente va a ser reemplazado, tiene que ser seguido por alguien mejor».
Investigación administrativa
En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Cancillería indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia, ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.
Ante estas sospechas, el 12 de septiembre pasado la Cancillería suspendió la audiencia de adjudicación en la que se iba a definir si la licitación seguía en poder de Thomas Greg & Sons o si por el contrario se declaraba desierta por la falta de oferentes.
Sin embargo, el 2 de octubre, Leyva dijo en un comunicado que «se recurrió a la figura de urgencia manifiesta» para prolongar el contrato en cuestión, mientras se hacía «la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista» para evitar retrasos en la expedición de esos documentos de viaje.
Contrato vigente y demandas
Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares).
Al comienzo de la licitación se presentaron empresas como la encargada de los documentos oficiales para Francia o Perú, pero todas las compañías se retiraron al alegar que no había garantías para competir por ese contrato.
La Procuraduría indicó que la primera falta del canciller, que por estos días está de viaje en Suiza, fue «declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal».
En segundo lugar, el organismo de control dictó cargos contra Leyva porque decretó la «urgencia manifiesta» durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
EFE
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