La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia suspendió este miércoles por tres meses al canciller, Álvaro Leyva Durán, por las posibles irregularidades ocurridas durante la licitación de un contrato para fabricar pasaportes, informó ese organismo.
«La Sala de Instrucción Disciplinaria acaba de proferir cargos contra el canciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes», manifestó la procuradora general, Margarita Cabello Blanco.
Según la funcionaria, «dicha sala también decidió suspenderlo (a Leyva) por tres meses para evitar (…) la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, eso teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y porque también es quien está dirigiendo el nuevo proceso licitatorio de pasaportes».
Investigación administrativa
En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Cancillería indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.
Ante estas sospechas, el 12 de septiembre pasado la Cancillería suspendió la audiencia de adjudicación en la que se iba a definir si la licitación seguía en poder de Thomas Greg & Sons o si por el contrario se declaraba desierta por la falta de oferentes.
Sin embargo, el 2 de octubre, Leyva dijo en un comunicado que «se recurrió a la figura de urgencia manifiesta» para prolongar el contrato en cuestión, mientras se hacía «la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista» para evitar retrasos en la expedición de esos documentos de viaje.
«Al secretario general de la Cancillería se le archivó la investigación», agregó la procuradora Cabello Blanco.
Contrato vigente y demandas
Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares).
Al comienzo de la licitación se presentaron empresas grandes como la encargada de los documentos oficiales para Francia o Perú, pero todas las compañías se retiraron al alegar que no había garantías para competir por ese contrato.
La Procuraduría indicó que la primera falta del canciller, que por estos días está de viaje en Suiza, fue «declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal».
En segundo lugar, el organismo de control dictó cargos contra Leyva porque decretó la «urgencia manifiesta» durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
La controversia por el contrato de los pasaportes le costó el cargo a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, a quien el presidente colombiano, Gustavo Petro, le pidió la renuncia luego de que Leyva le reprochara porque supuestamente no estaba haciendo bien la defensa del caso.
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