Un juez federal de Delaware permitió el 24 de enero a un acreedor adicional solicitar los ingresos de una subasta de acciones de una matriz de Citgo Petroleum, lo que podría llevar a un cambio en la propiedad de la séptima refinería .de petróleo de Estados Unidos para pagar las deudas pendientes de Venezuela.
La decisión del juez Leonard Stark de autorizar la reclamación de 530 millones de dólares de Altana Credit Opportunities Fund aumenta el total de reclamaciones permitidas por el tribunal a unos 21.300 millones de dólares desde un recorte de 20.800 millones anunciado a principios de este mes.
A otro acreedor que presentó una reclamación de casi 17 millones de dólares, Ricardo Devengoechea, se le concederá un plazo adicional para cumplir con los requisitos del tribunal para embargar su reclamación, dijo Stark.
Citgo, propiedad en última instancia de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, con sede en Caracas, ha sido valorada entre 11.000 y 13.000 millones de dólares. No se espera que la subasta satisfaga todas las reclamaciones permitidas.
Hace años, el tribunal declaró a la empresa matriz de Citgo, PDV Holding, responsable de las expropiaciones y los impagos de deuda de Venezuela, lo que llevó a decenas de otros acreedores a presentar sus reclamaciones.
El juez ha dicho que todo el proceso de venta podría completarse en un año desde su puesta en marcha el pasado octubre.
Prioridad en la subasta de Citgo
El año pasado, Stark dio prioridad a la minera Crystallex para cobrar unos 990 millones de dólares de los ingresos de la subasta, mientras que concedió al productor de petróleo ConocoPhillips una posición cercana a la cabeza de la fila para cobrar una reclamación de 1.330 millones de dólares, una de las tres adjudicaciones que la empresa ha registrado en el tribunal.
Ambas empresas se mantuvieron entre los tres primeros acreedores en una lista actualizada por el tribunal la semana pasada. Una reclamación de 72 millones de dólares del proveedor de servicios offshore Tidewater ha pasado al segundo lugar.
Cerca de los primeros puestos de la lista para cobrar lo recaudado se encuentran el fabricante de vidrio O-I Glass, Huntington Ingalls Industries, ACL Investments, Red Tree Investments, Rusoro Mining, una segunda reclamación de 48,1 millones de dólares de Conoco y unidades de Koch Industries.
Stark ha mantenido confidenciales la mayoría de los detalles de las rondas de licitación, incluidos los nombres de los licitadores. El tribunal contrató el año pasado al banquero de inversiones Evercore Group para comercializar los activos de Citgo, que incluyen tres refinerías, terminales y oleoductos; y hasta ahora ha establecido un orden de prioridad por orden de llegada.
Criterios de participación del tribunal
La minera Crystallex presentó su demanda en Delaware en 2017, convirtiéndose en el primer acreedor con un laudo arbitral confirmado contra Venezuela y obteniendo la máxima prioridad.
La minera es la única empresa que ha cumplido todas las condiciones establecidas por el tribunal para embargar bienes extranjeros propiedad de Pdvsa. PDV Holding es una filial de Pdvsa cuyo único activo es Citgo Petroleum, con sede en Houston.
Otros acreedores de Venezuela intentaron seguir el mismo camino, pero se lo impidieron las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela. Stark les ha concedido órdenes de embargo condicionales.
Inversores potenciales y empresas energéticas presentaron este mes ofertas por acciones de PDV Holding en una primera ronda de licitación. Podría haber una segunda ronda en el segundo trimestre. Todos los ingresos se utilizarán para pagar a los acreedores.
La ley de Delaware relativa a la ejecución de sentencias dinerarias suele exigir que el producto de la venta se distribuya de acuerdo con la regla de «primero en el tiempo, primero en la fila».
Pero en este caso, el tribunal también está teniendo en cuenta los factores únicos del caso de Venezuela, por lo que esa regla podría no ser absoluta, dijeron abogados cercanos al proceso de venta.
El tribunal podría decidir bifurcar el proceso de venta para evitar retrasos, permitiendo que la puja por las acciones sea independiente de cualquier decisión sobre la clasificación de los acreedores que podrían participar en la subasta, dijo uno de los abogados.
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