La tensión diplomática entre Paraguay y Brasil parece crecer día a día a medida que las negociaciones por la tarifa de la represa Itaipú -una de las más grandes del mundo- parecen estar detenidas. “Por primera vez en mucho tiempo nuestro vecino encontró un verdadero contrapeso en las negociaciones”, dijo el presidente paraguayo Santiago Peña al diario Última Hora y agregó que trabaja en ese sentido “en defensa de los intereses paraguayos”.
El conflicto nace a partir de la reducción de la tarifa que el estado paraguayo realizó al gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro durante la administración de Mario Abdo, donde pasó de 22,60 dólares el kilowatt por mes (vigente desde 2009 a 2021) a 20,75 dólares, lo que ocasionó, de acuerdo a Asunción, un perjuicio económico de unos 371 millones de dólares para el país. La gestión de Lula Da Silva, sin embargo, no revisó esta firma al asumir el poder y mantuvo el contrato, lo que el gobierno paraguayo considera una clara contradicción histórica.
“El proceso de negociación sigue su curso. Como es normal en cualquier negociación diplomática, hay marchas y contramarchas, pero la posición paraguaya es clara y firme, en defensa de lo que al país le conviene”, remarcó Peña.
Para el presidente paraguayo “el punto de partida debe ser volver a la ‘normalidad’ en la usina mientras duren las negociaciones; de hecho, mi propio colega el apreciado Lula da Silva, en una declaración histórica de 2009 con el entonces presidente (Fernando) Lugo, había establecido los parámetros que debían regir la gestión de la empresa binacional hasta el año 2023, parámetros que serían considerados ‘la normalidad’ hasta la renegociación del Anexo C y que prevén muchos puntos valiosos para rectificar algunas injusticias históricas de la represa”, señaló.
Y añadió: “Este acuerdo detalló tanto la tarifa como las especificaciones del acuerdo operativo, con la premisa fundamental de que Paraguay no sufriría perjuicio global en la relación con la modalidad de contratación, o que el Brasil aceptaría el derecho que tiene el Paraguay de comercializar libremente su energía”, enfatizó el presidente paraguayo.
Peña cree que tanto los gobiernos de Abdo como el de Bolsonaro firmaron un acuerdo que terminó perjudicando los intereses de Paraguay y que por lo tanto el contrato debe revisarse de inmediato. “Lamentablemente y en claro detrimento de los intereses de Paraguay, en los años 2022 y 2023, los anteriores gobiernos de ambas partes procedieron a revisar anticipadamente ‘la normalidad’, contraviniendo el acuerdo del 2009 y generando un perjuicio global para Paraguay”, dijo.
Asunción pretende que previo a la negociación de fondo “se vuelva a la normalidad pre-2022 y se cumpla con lo que el propio Lula allá en 2009 aceptó como bases fraternas y equitativas en la relación Paraguay-Brasil en Itaipú”. “Paraguay, con su equipo negociador y el presidente a la cabeza, peleará firmemente por lo que más conviene al país”, subrayó Peña.
“Lo que debe quedar claro es mi inflexible posición, ante la ciudadanía paraguaya, en este punto: asegurar que cada centavo que el Paraguay ingrese sea destinado en forma clara y transparente a favor de la ciudadanía”, manifestó el presidente durante la entrevista.
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