Venezuela cumple 100 días de haber celebrado un referendo que hasta ahora no alcanza su propósito de anexionar al país el Esequibo, el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que controla y explota Guyana, pese a las amenazas de Caracas, algunas paralizadas desde hace tiempo.
Luego de la consulta unilateral que promovió el chavismo, en la que casi la totalidad de participantes aprobaron la anexión, todos los poderes del Estado anunciaron acciones que incluían una legislación para la creación de una región venezolana en el área bajo pleito y la extracción de sus riquezas, que siguen manejadas por Georgetown.
Aunque Venezuela insiste en que el Esequibo, que no controla desde 1899, le «pertenece», el Gobierno no ha puesto un pie en el territorio, mientras Guyana, que hace menos ruido en relación a la disputa, espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelva la controversia, pese al rechazo de Caracas a esta vía.
El silencio venezolano
100 días después del referendo, el Gobierno no habla del despliegue militar que ordenó el presidente Nicolás Maduro para una zona cercana al Esequibo, ni sobre el plan de entrega de nacionalidad a quienes viven en ese territorio, ni sobre las concesiones que debían emitirse «de inmediato» para explotar el petróleo en el lugar.
Tampoco hay una palabra sobre la orden presidencial de expulsar en tres meses a las empresas que allí operan con el permiso de Guyana, que siguen trabajando sin problemas, ni sobre la polémica ‘Ley de Defensa de la Guayana Esequiba’, el marco con el que Venezuela prometió formalizar la anexión y cuya discusión quedó paralizada en el Parlamento el 9 de enero.
Las escasas declaraciones que brinda el Gobierno sobre el Esequibo giran en torno al «derecho» de Venezuela sobre el área y a la búsqueda de soluciones amistosas con Guyana, sin comentarios sobre todos los planes anunciados o el dinero gastado en esta operación.
La ventana diplomática
Luego de la tensión y las preocupaciones de la comunidad internacional por la posibilidad de una escalada violenta, ambos países se encaminaron, a instancias de terceros, a una vía diplomática que empezó con una reunión entre Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, a mediados de diciembre.
Este encuentro, promovido por el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, extinguió el fuego discursivo y dio paso a otras acciones que terminaron por enfriar el asunto, como la designación bilateral de embajadores y la reunión entre los cancilleres.
El 25 de enero, los jefes de la diplomacia de Venezuela y Guyana, Yván Gil y Hugh Todd, respectivamente, instalaron una comisión, en Brasil, para mantener un diálogo pacífico y sin amenazas sobre la disputa, con el compromiso de volverse a reunir en marzo, en una fecha que aún no se conoce.
En estas conversaciones, Caracas ratificó la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que establece la necesidad de buscar una solución a través de negociaciones directas, especialmente en las aguas que considera «pendientes por delimitar», en las que se hallan grandes reservas de hidrocarburos.
Más allá de las negociaciones, Maduro reiteró este mes que Venezuela no acatará ninguna decisión de la CIJ y que, sea cual sea su sentencia, Guyana se verá obligada a pactar con Caracas sobre el Esequibo, que representa dos tercios de su territorio.
La campaña presidencial
En la Venezuela que hace 100 días solo se hablaba del Esequibo, el tema se fue esfumando hasta llegar a marzo, cuando el anuncio de la fecha de las elecciones presidenciales terminó por enterrar el interés informativo sobre esta disputa, lo que deja las negociaciones entre Caracas y Georgetown prácticamente sin vigilancia.
Con el llamado a las urnas para el 28 de julio, queda la duda sobre el lugar que ocupará la controversia territorial, y todo el dinero gastado en el referendo del 3 de diciembre, en la campaña política, que arrancará formalmente el 4 de julio.
El presidente -que, según el partido gobernante PSUV, buscará una segunda reelección- aseguró que tiene un plan para «hacer tangible» la anexión, una promesa que, de concretarse, reactivaría la amenaza de conflicto bélico.
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