La investigación a Begoña Gómez por parte del juez Juan Carlos Peinado tras la denuncia interpuesta por Manos Limpias seguirá adelante. La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que continué adelante la instrucción que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de la capital, que intenta esclarecer la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. No obstante, la Sala considera que no procedía decretar el secreto de las actuaciones, una medida que el instructor levantó el viernes de la semana pasada.
La Sala rechaza así el recurso de la Fiscalía -que incluso puso sobre la mesa el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que no ve indicios de delito en la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno- contra la admisión a trámite de la denuncia.
La pretensión de la Fiscalía de «impedir toda investigación», deja claro la Sala, es «inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva donde la delimitación del comportamiento penalmente relevante no siempre es fácil de establecer y donde la obtención de fuentes de prueba es complejas».
Para la Sala, resulta «contradictorio» que la Fiscalía pida el archivo al mismo tiempo que la Fiscalía Europea reclamase al instructor toda la documentación sobre esos contratos para determinar si afecta a fondos europeos, lo que le obliga a asumir la investigación.
Pese «al contenido algo deslavazado de la denuncia», afirma el tribunal, el núcleo de la noticia críminis se centra en que Begoña Gómez «podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer sus influencia personal de recomendación en la adjudicación de sustanciosos contratos de adjudicación pública en favor de determinadas empresas que, al tiempo, le prestan soporte, ventaja o beneficio en el desarrollo exponencial de su carrera profesional».
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