Los trabajadores reenganchados están en el justo derecho de recibir exactamente el monto de los salarios caídos que dejaron de percibir. El pago de los salarios caídos, permite la justa compensación a favor del trabajador para reparar daños y perjuicios. Esta especie de indemnización se activa en situaciones de reenganche, relacionadas con despidos y/o suspensiones salariales.
“Todo maestro al que se le suspendió injustamente su salario, le corresponde por derecho sus merecidos salarios caídos. El Ministerio de Educación está obligado hacerlo, pero lamentablemente, casi ninguna de las víctimas lo ha cobrado”. Así lo afirmó Gricelda Sánchez, presidente de la Asociación Civil Formación Venezolana de Dirigentes Sindicales (FORDISI).
En el caso del Ministerio de Educación, la suspensión arbitraria de salarios se ha vuelto habitual, recurrente y reiterada. La magnitud de este grave problema radica, en que la defensa, como componente esencial del debido proceso, constituye un derecho constitucional inviolable. Pero lo que sucede es todo lo contrario a lo establecido como norma en la Carta Magna de Venezuela.
En el año 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de los 270 trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente por el gobierno panameño. Adicional al pago de los salarios caídos con intereses de mora, la CIDH obligó al Estado de Panamá, a cancelarle a cada trabajador la cantidad de US$ 3.000 por concepto de daño moral. Una desición que produjo toda una jurisprudencia sobre debido proceso en material de procesos administrativos y legislación laboral.
Retomando el foco de la denuncia, hasta la fecha, el Ministerio de Educación, no ha cumplido con el pago de los salarios caídos. Entre las víctimas, se encuentran centenares de educadores que cumplían con normalidad sus labores, docentes embarazadas y hasta personal recién operado. Sánchez responsabilizó de esta situación a la Ministra de Educación, Yelitze De Jesús Santaella Hernández. “Los trabajadores educativos laboran todo el año escolar y cuando van a cobrar les pueden arrebatar el fruto de su trabajo”, sin previo aviso “expresó”.
La representante de FORDISI cuestionó a la institucionalidad. A su juicio, el Estado debe sancionar a quienes se les compruebe su responsabilidad en violentar el debido proceso para suspender injustificadamente salarios a los maestros. Lamentó que desde el Ministerio de Educación no exista voluntad en aplicar los correctivos, ni de reparar el daño ocasionado, calificándolo como vergonzoso.
“En repetidas ocasiones hemos advertido de las irregularidades, nos preocupa que se estén designando a personas en cargos gerenciales, sin las credenciales y méritos establecidos, clasificados en el escalafón como Docentes I y II. Tal es el caso de la responsable de la Gestión Humana de las instituciones educativas de Caracas, quien dé afable y humana, no tiene nada. Esta persona viola de manera flagrante la Ley. Graciela Amarilis Rapizarda de Márquez, a cargo del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa (CDCE) del Distrito Capital, es la principal responsable de estas denuncias”.
A todas luces, es evidente que ante la presión gremial, el Ministerio de Educación solo se limita a procesar el reenganche. La dirigente sindical asegura que desde el inicio de la gestión de Santaella al frente de la cartera educativa se está presentando esta situación con más frecuencia en los distintos Estados del país. Coincidencialmente, la irregularidad reaparece en las quincenas previas al pago del Bono Vacacional y de los Aguinaldos.
Comenta que en los últimos dos años hicieron grandes esfuerzo para reincorporar a más de 3.500 maestros a la nómina. La mayoría reingresaron entre agosto, septiembre y octubre. A los afectados no se les repuso el salario, ni los Bonos de la Patria, ni la Cesta Ticket, ni las vacaciones, en la que algunos vieron con tristeza perder hasta los aguinaldos.
La profesora Gricelda Sánchez se pregunta: “¿Cuál es el destino de los fondos de la nómina del personal ante la suspensión arbitraria de salario? ¿A qué cuentas o partidas se reasignan esos recursos? ¿Quién se hace responsable en garantizar de forma efectiva el pago de los salarios caídos?”
Sin pago y sin excusa
En la Escuela Básica (E.B.) Valle de Guanipa, en El Tigre, Estado Anzoátegui, a las docentes Virexa González, Johana Hernández y Jomedia López, les fueron suspendidos sus salarios de manera arbitraria de la mano del Profesor Juan Martí, del CDCE de la municipalidad educativa, a solicitud de la directora de la institución, profesora Eira Guerra.
Por otra parte, docentes del Complejo Educativo José Gervasio Artigas, ubicado en Propatria, Parroquia Sucre de Caracas, se dieron por enterado el pasado 10 de mayo de que fueron de objetos de suspensión salarial. Como prueba de la arbitrariedad mostraron los certificados de incapacidad legalmente expedidos. Los casos de El Tigre y Propatria se repiten a diario en las diferentes regiones del país.
Sánchez señala que ciertas autoridades de los CDCE, se convirtieron en agentes políticos nombrados a dedo para controlar, y en varios casos, amedrentar a los educadores. “Desde hace varios años se ha dejado de abrir concurso para el ingreso y ascenso en el Sistema de Carrera Docente, ya no apelan a los valores éticos, la experiencia ni los conocimientos, sino el partidismo y el amiguismo, violan los derechos más elementales de los maestros y docentes, consagrados en la constitución y las leyes venezolanas”, indicó la dirigente gremial.
Exigen solución
La líder sindical informó que se elabora un informe con todas las irregularidades recibidas. Este se presentará ante las autoridades educativas para que se avoquen a resolver las mencionadas problemáticas. De lo que se trata es de fomentar un entorno de justicia y equidad en el ámbito laboral. Sin que se dejen de garantizar los mecanismos que protegen los derechos irrenunciables de los docentes, eso por supuesto incluye a las víctimas de las suspensiones arbitrarias de salario, a los que se les deben salarios caídos.
Finalmente, exigen a que se cree una comisión encargada de investigar las denuncias y advierten que, de no darse una respuesta pronta y efectiva por parte de los representantes del Ministerio de Educación, elevarán los casos a instancias superiores.
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