La Justicia salvadoreña impuso penas de cárcel de entre 130 y 460 años de prisión a ocho pandilleros de la Mara Salvatrucha por delitos como extorsión, agrupaciones ilícitas e intento de homicidio, informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía indicó en este sentido que los ocho miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) fueron condenados en el oriental departamento de San Miguel a 130 años de cárcel por los cargos de extorsión y agrupaciones ilícitas, y precisó que entre los años 2003 y 2013 estas personas exigieron a varios comerciantes el pago semanal de entre 25 y 1.000 dólares bajo amenazas «para dejarlos trabajar en la zona».
Estas condenas se suman a las de otros 29 pandilleros conocidas el jueves por el intento de homicidio de al menos siete personas a manos de miembros de la MS13.
«A varios de estos terroristas se les han sumado más años de condenas por intentar asesinar a 7 víctimas y por el delito de organizaciones terroristas, cometidos entre enero y julio de 2020» en el oriental departamento de Morazán, indicó la FGR en su cuenta de X.
También señaló que los condenados habrían pertenecido a la célula ‘Normandie Locos Salvatruchos’, entre quienes se encuentra José Portillo y José Andrade, condenados a 152 y 132 años de prisión, respectivamente.
Entre este grupo también se encuentra José Pineda, quien recibió una condena de 460 años de prisión por el delito de extorsión, según la información.
Estas no son las mayores condenas impuestas por la Justicia salvadoreña contra pandilleros, dado que en 2023 fue condenado a 1.310 años de cárcel Wilmer Segovia, también de la MS13, tras ser «declarado culpable de haber cometido 33 homicidios, 9 proposiciones para cometer asesinatos y varias extorsiones».
De igual forma, señala la fuente, en esa época Miguel Ángel Portillo fue condenado a 945 años de prisión por «22 homicidios, 4 proposiciones para cometer asesinato, un intento de homicidio y extorsiones».
A finales de marzo de 2022, el Congreso de El Salvador aprobó un fuerte endurecimiento de penas contra los miembros de pandillas en respuesta a la ola de homicidios que el país vivió en esa época.
Estas reformas se dieron en el marco de un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una ola de asesinatos y que sigue vigente.
Dicha medida, que cuenta con amplio respaldo popular, ha dejado más de 80.000 detenciones, pero también más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos por detenciones arbitrarias y más de 300 muertes de detenidos, la mayoría con signos de violencia, según consignan organizaciones humanitarias.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones, «cáncer» que el presidente Nayib Bukele, que empezó un segundo mandato el pasado 1 de junio, dice haber curado.
