La Corte Suprema de Japón ordenó al gobierno indemnizar por daños y perjuicios a las personas que fueron obligadas a someterse a cirugía de esterilización entre los años 1950 y 1970 bajo la llamada Ley de Eugenesia, ahora extinta.
Al aceptar las reclamaciones de los demandantes, la Corte Suprema dictó que dicha ley era inconstitucional y juzgó que el plazo de prescripción de 20 años para este caso no aplicaba a los hechos relacionados con la ley de eugenesia, que estuvo en vigor entre 1948 y 1996.
La ley permitía la esterilización de personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales o trastornos hereditarios incluso sin su consentimiento para evitar, según se dijo en la época, el nacimiento de una descendencia «inferior».
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Según datos del Gobierno, unas 25.000 personas fueron esterilizadas en virtud de esta ley, 16.000 de ellas sin consentimiento.
En abril de 2019 se promulgó una ley que establece el pago de 3,2 millones de yenes (unos 20.000 dólares) de indemnización a cada persona que se sometió a una esterilización forzada, y se ha certificado que unas 1.100 personas recibirán el dinero.
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