La Justicia de Perú rechazó este miércoles la tutela de derechos presentada por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) con la que solicitó que se excluyera el acta policial de su detención tras el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Castillo, detenido desde entonces en Lima, pedía que se excluya el acta de intervención policial, cuando fue detenido por la Policía Nacional, al señalar que vulneró el debido proceso, indicó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.
Sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema argumentó en su fallo que no constan motivos razonables para entender que, con motivo de la intervención policial, y las primeras diligencias realizadas, se produjo una «indefensión material o se vulneró gravemente» el curso normal del procedimiento.
A raíz de los hechos, Castillo es procesado por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.
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El expresidente peruano era investigado por varias denuncias de presunta corrupción y afrontaba un pedido de destitución en el Congreso cuando anunció, en un mensaje televisado, que cerraba el Parlamento e instalaba un Gobierno de emergencia.
Sin embargo, el intento de autogolpe no tuvo respaldo, a excepción de su gabinete, y Castillo, junto a su esposa e hijos, se dirigió a la embajada de México con la presunta intención de asilarse en ese país.
En el camino a esa sede diplomática, Castillo fue interceptado por la Policía y detenido en «flagrante delito», mientras que su esposa e hijos fueron asilados por México y viajaron a ese país.
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