El gobernador del estado de Texas (EE.UU.), Greg Abbott, ordenó este jueves a los hospitales públicos del estado recolectar información sobre el costo de los cuidados a los migrantes que no tienen un estatus legal en el país.
En una orden ejecutiva firmada este jueves, el Abbott exigió a los centros de salud que produzcan informes con los datos que recaben y los presenten en marzo del próximo año.
En concreto, se les pide recolectar información sobre «el número de pacientes sin un estatus migratorio que son hospitalizados y atendidos en visitas de emergencia» al igual que «el costo de los servicios que se les entregan».
El objetivo de este mandato, subrayó el gobernador en un comunicado, es buscar obtener un «reembolso» por parte del Gobierno de Joe Biden de los gastos en los que Texas haya incurrido para «apoyar el cuidado médico» de los migrantes indocumentados.
«Haremos que el Gobierno Biden-Harris se haga responsable por las consecuencias de sus políticas de fronteras abiertas», señaló Abbott.
Aún no queda claro cómo se implementará esta directriz, ya que, de acuerdo al propio Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, los profesionales de la salud no deben preguntar a sus pacientes por su estatus migratorio.
La orden ejecutiva incluye un apartado donde se pide a hospitales informar a los pacientes que la respuesta a las preguntas sobre su estatus migratorio «no afectarán el cuidado» que reciban.
En los últimos años, Abbott ha liderado una batalla mediática y política en contra del Gobierno Biden, al que acusa de crear una «crisis» en la frontera sur.
Entre las medidas que el republicano ha tomado están instalar decenas de kilómetros de concertina en el territorio fronterizo, al igual que aumentar la presencia militar en la zona con efectivos de la Guardia Nacional.
La Casa Blanca, por su parte, ha implementado múltiples normas restrictivas para controlar la migración, la más reciente de ellas prohíbe que la mayoría de las personas que crucen de manera irregular hacia EE.UU. puedan pedir asilo.
Como consecuencia, el número de detenciones en la frontera con México ha disminuido drásticamente, alcanzando en el mes de julio la cifra más baja en más de tres años, según filtraciones a medios estadounidenses.
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