El Gobierno de Australia busca limitar el número de estudiantes extranjeros para atajar la crisis de la vivienda, un plan que genera fuertes críticas ante el temor de que la pérdida de ingresos en las universidades impacte de manera negativa en la economía y reputación del país oceánico.
El sector de la educación, que emplea que emplea a 250.000 personas, es el cuarto sector de mayor importancia de la nación austral y sufrió un duro revés durante la pandemia de la covid-19 por el estricto cierre de fronteras.
Desde 2023, el Gobierno del primer ministro, el laborista Anthony Albanese, ha impuesto una serie de medidas para dificultar la llegada de estudiantes foráneos como el endurecimiento del requisito de nivel de idioma y un incremento en la tarifa para sus visados.
El Gobierno exige también a los estudiantes extranjeros que demuestren que tienen ahorrados unos 19.550 dólares (17.780 euros), además de cambiar leyes migratorias para evitar que los extranjeros graduados se queden en Australia o que los turistas extiendan su estancia mediante el uso de visados de estudio.
Tope a las matrículas
En mayo, el Gobierno de Albanese presentó un proyecto de ley ante el Parlamento para imponer, siguiendo los pasos de Reino Unido y Canadá, un tope al número de matrículas de estudiantes extranjeros, cuya cifra de momento se desconoce.
De aprobarse la ley, este límite, que afectará a unos 15.000 proveedores de educación, se impondría a partir del 1 de enero de 2025 por centro de estudio, ubicación del campus y por curso.
«El tope busca reducir la población estudiantil australiana debido a los problemas de (falta y encarecimiento del) alojamiento», comenta a EFE Andrew Norton, catedrático de Práctica de Políticas de Educación Superior de la Universidad Nacional de Australia.
Norton considera que este plan «tendrá un efecto cascada» en la economía y la reputación del país.
Las universidades australianas tendrán «menos dinero para gastar en investigación. Tener menos investigación repercutirá en que sus clasificaciones (mundiales) sean más bajas, lo que hará más difícil un despegue si se liberaliza (el sector) en el futuro», precisó el académico.
El «Go8», el organismo que representa a las ocho universidades más importantes de Australia, estimó que este tope generará una pérdidas de 3.476 millones de dólares (3.178 millones de euros) en producción económica y de más de 22.500 empleos.
El plan puede que «perjudique económica e incluso socialmente» a Australia, según dijo a EFE Marina, una estudiante española en la Universidad Tecnológica de Sídney.
Patty, una mexicana que estudia en la Universidad de Sídney, opina que «va a ser muy triste que muchas personas se pierdan la oportunidad de venir (a estudiar) a este país».
En 2023, este sector generó una cifra récord de ingresos a la economía del país unos 31.323 millones de dólares (28.656 millones de euros) en matrículas, bienes y servicios, según datos oficiales.
Alrededor de 780.100 estudiantes extranjeros se habían matriculado entre enero y abril de 2024 en las universidades y otras instituciones educativas en Australia, lo que supone un incremento de un 16% frente al mismo período de 2019, antes de la pandemia de la covid-19.
Entre las nacionalidades destaca la china, con más de 150.700 alumnos, india (116.600), nepalí (56.300), filipina (35.300) y vietnamita (33.500), mientras que en el sexto lugar se sitúa Colombia, con casi 29.000 estudiantes.
Otros países latinos con numerosa representación son Brasil, el décimo país en importancia y con 18.770 estudiantes, mientras que Chile, con más de 4.500, y España, con unos 3.400, son el vigesimocuarto y vigesimonoveno respectivamente.
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