La actualización del Tratado entre Chile y la Unión Europea (UE), actualmente en discusión en el Congreso chileno, podría permitir a la UE acceder a precios preferenciales en la compra de minerales estratégicos como el litio, el cobre y las tierras raras. Este acuerdo, que aún debe ser ratificado por el Parlamento, ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones económicas y sociales para el país sudamericano.
Según estimaciones, el impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) chileno sería mínimo, alcanzando apenas un 0,09%, mientras que se prevé un aumento del 0,72% en las exportaciones. Sin embargo, las condiciones del acuerdo han suscitado preocupaciones sobre la soberanía económica de Chile y su capacidad para establecer acuerdos más favorables que incluyan valor agregado o transferencia tecnológica.
El nuevo tratado impone a Chile la obligación de ofrecer precios exclusivos a la UE para la venta de productos mineros, lo que ha sido interpretado por algunos analistas como una limitación a futuras negociaciones con otras potencias, como China. Según la plataforma Chile Sin TLC, cualquier intento de establecer colaboraciones que impliquen la explotación conjunta de litio o la instalación de plantas de baterías en el país estaría condicionado a no afectar la capacidad de la UE para obtener materias primas chilenas.
El analista Patricio Véjar Mercado, en su informe titulado ‘Secretos del Tratado de Libre Comercio Chile-Unión Europea’, califica este acuerdo como un “tratado neocolonial”, argumentando que los costos sociales y ambientales derivados de la explotación de recursos naturales recaerían completamente sobre Chile. Esta crítica resuena con los temores de diversos sectores de la sociedad civil que ven en el tratado una amenaza a la sostenibilidad y a los derechos de las comunidades afectadas por la minería.
El Gobierno chileno ha declarado suma urgencia al proceso legislativo, y el acuerdo ya ha sido aprobado por las comisiones de Relaciones Exteriores y Hacienda de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la discusión sobre sus implicaciones a largo plazo continúa generando divisiones entre los sectores políticos y económicos del país.
La decisión final sobre este acuerdo tendrá repercusiones significativas no solo para las relaciones comerciales entre Chile y la UE, sino también para el futuro del desarrollo sostenible y la gestión de recursos naturales en el país.
UN TRATADO CUYAS CONDICIONES HAN HECHO RESTARSE AL MERCOSUR
El Acuerdo de Modernización que se negoció entre el gobierno de Chile y la Unión Europea viene a cambiar algunas partes del Tratado de Libre Comercio firmado en el año 2002.
Si bien las negociaciones comenzaron hace años, se intensificaron a partir de 2023 en encuentros realizados en Bruselas, a los cuales asistió en julio de 2023 el presidente Gabriel Boric, quien aseguró prioridad al conglomerado europeo en la firma de tratados comerciales.
En la ocasión la UE también quería concretar un tratado de libre comercio con el Mercosur, cuyo acuerdo si bien ya está fijado desde 2019, aún no han sido ratificado los textos definitivos por parte de los países. Luiz Lula da Silva, presidente de Brasil, uno de los países integrantes del Mercosur, dijo que la tardanza en la firma ha sido por las medidas unilaterales que la UE ha puesto en las negociaciones, las que van en contra del desarrollo de las empresas brasileñas.
Las mismas medidas impuestas en la renovación del tratado con Chile están siendo aceptadas por el actual Ejecutivo. El texto definitivo fue firmado el pasado 13 de diciembre de 2023 por el canciller chileno, Alberto van Klaveren, y Josep Borrell, por la Comisión Europea.
El tratado fue aprobado en el Parlamento europeo por amplia mayoría, aunque tuvo en contra los votos de los diputados de la Izquierda Europea y los Verdes. El próximo paso en el viejo continente es que sea votado en cada uno de los parlamentos nacionales de los 27 países miembros de la UE.
La tónica de su negociación en Chile ha sido el secretismo. Aún no han sido publicado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas el texto definitivo, que consta de 41 capítulos, manteniendo sólo la versión anterior en inglés. El análisis hecho por la plataforma Chile Sin TLCs a los capítulos recientemente negociados fue posible a través del texto publicado en la web de la Unión Europea.
Con información de El Ciudadano
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