Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, será juzgado este lunes por la Audiencia Nacional por ocultar presuntamente 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo Morodo de los negocios con PDVSA, petrolera estatal venezolana, entre 2013 y 2014.
Ante los hechos la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una pena de tres años y medio para Morodo, ocho años y medio para su hijo Alejo y también para su nuera. Además ha reclamado multas millonarias para Alejo Morodo (3,7 millones de euros), Ana Catarina Varandas, su mujer, (3,8 millones) y para Raúl
Los tres se sentarán en el banquillo desde este lunes por haber supuestamente ocultado a Hacienda el cobro de unos 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.
El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos. Uno de ellos, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco después de prestar declaración en la Audiencia Nacional por estos hechos.
La fiscal Ana Cuenca, en concepto de responsabilidad fiscal, ha solicitado el pago de 1,3 millones de euros por parte de Alejo Morodo y su mujer por fraude en las declaraciones del IRPF de 2013, 2014 y 2017. En cambio, al exembajador le pide el pago de 126.122 euros en lo referente al ejercicio de 2014.
El sistema empleado por Alejo Morodo, en el que habrían participado los otros acusados, consistió en «interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente» los «supuestos servicios» de asesoramiento legal y consultoría que habría prestado entre 2011 y 2014. De esta forma eludía tributar por IRPF y lo hacía por el Impuesto de Sociedades, más beneficioso.
La Fiscalía, que sólo acusa por los ejercicios de 2013 y 2014 al estar los anteriores prescritos, sostiene que Raúl Morodo también defraudó las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades.
El origen de los fondos que Alejo Morodo ocultó a Hacienda reside en la relación contractual con la empresa PDVSA hasta 2014, sirviéndose de las relaciones que su padre entabló con «altos cargos» de Venezuela en su época de embajador durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La actividad prestada para PDVSA, según la Fiscalía, le reportó más de 6,6 millones de euros, «de los que en parte» se benefició Raúl Morodo.
Anticorrupción describe a lo largo de su escrito el sistema de cobro de fondos de PDVSA por las empresas «interpuestas» de Alejo Morodo y el cruce de transferencias entre estas y su padre, y también menciona la sociedad que ambos crearon en 2007, Morodo Abogados, «carente de medios personales y materiales, así como de actividad comercial» con «idéntico fin» de interponerla para «desplazar la carga fiscal». Esta sociedad declaró entre 2013 y 2014 ingresos por 467.832 euros «desconociéndose» los servicios que prestó, dice la fiscal.
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