Gabriel Fernández comenzó a enfrentar problemas legales hace menos de diez años debido a que varias de sus parejas lo denunciaron por maltrato y violencia de género. Por ese motivo, lo metieron preso.
Sin embargo, durante el proceso, declaró que se «autopercibía como mujer» y pidió «ser tratada como tal», conforme a la ley.
Así surgió una situación insólita: con su nueva identidad, «Gabriela» negó las acusaciones, argumentando que, siendo «mujer», no podía ser acusada de violencia de género.
Sin embargo, volvió a prisión por nuevas imputaciones y, alojada en un pabellón de mujeres, violó a una presa, quien resultó embarazada. Todo esto ocurrió en una cárcel de Córdoba.
Recientemente, la Justicia confirmó su prisión preventiva y ordenó avanzar hacia el juicio oral por violencia de género en su contra.
También dispuso su traslado a un «espacio especial» que respete su «identidad de género» sin poner en riesgo a otras internas. «Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres», expresó el fallo.
«Paradójicamente, nos encontramos ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento», señalaron los jueces Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies de la Cámara de Acusación de Córdoba.
Esta situación recuerda un caso en Reino Unido en 2019, donde se abrió una unidad penitenciaria específica para «personas transgénero» luego de que Karen White, una prisionera «transgénero», agrediera sexualmente a dos mujeres mientras cumplía prisión preventiva en New Hall, en Wakefield.
White, quien es hombre y luego se «identificó como mujer», fue descrita por un juez como un «depredador» que representaba un peligro para mujeres y niños.
Los jueces de Córdoba tomaron en cuenta este precedente. Gabriela enfrenta varias acusaciones, entre ellas: privación ilegítima de la libertad calificada por el vínculo, amenazas, lesiones leves calificadas, y ahora abuso sexual.
«Gabriela» ingresó por primera vez a la prisión en octubre de 2016. En 2017 fue condenado a tres años de prisión por lesiones y privación de libertad.
En noviembre de 2018, tras «cambiar su identidad de género», fue trasladado al pabellón femenino. En abril de 2019, mientras estaba detenido, fue acusado de nuevos delitos contra una mujer. A los pocos días, le dieron la libertad condicional.
A finales de 2019, otra pareja lo denunció, aunque el expediente fue archivado. En 2022, surgió otra denuncia de violencia de género, también cerrada.
En noviembre de 2023, ya en libertad, «Gabriela» fue nuevamente acusado de amenazas y lesiones leves contra su entonces pareja. Poco después, violó una restricción perimetral, intentando contactar a la víctima, lo que generó una nueva denuncia y orden de arresto.
Ya en prisión, «Gabriela» denunció una supuesta «violencia institucional». Sin embargo, el 17 de julio, la justicia fue notificada de que habría abusado sexualmente de una interna, quien quedó embarazada. Tras varias sanciones disciplinarias, fue trasladado para proteger a la víctima.
«Gabriela fue condenada por delitos relacionados con violencia de género antes de autopercibirse como mujer. Luego, logró ser trasladada a un establecimiento para mujeres, donde cometió varios delitos contra sus parejas, todas mujeres», dijo el tribunal.
Tras reincidir en actos de violencia contra una última pareja, Fernández «fue detenida y nuevamente alojada en el EP3, de donde las autoridades pidieron su traslado por numerosas sanciones disciplinarias». Fernández ahora enfrenta otra denuncia de abuso sexual y se solicitó un traslado para proteger a la víctima.
El Servicio Penitenciario informó que «la interna Fernández ingresó a esta unidad el 09/08/2024 desde el Establecimiento Penitenciario n° 3 ‘Para Mujeres’. Ha presentado dificultades para comprender y respetar la normativa, incumpliendo con las pautas de tratamiento y convivencia”.
El informe de seguridad del 10 de octubre indica que «la interna Fernández, desde su ingreso, ha sido un referente negativo en el pabellón de mujeres, imponiendo su voluntad sobre sus compañeras y usando su identidad de género para intimidarlas, siguiendo códigos carcelarios que le permitieron disponer de la voluntad de sus pares para conductas antirreglamentarias».
«Claramente, en el intento de proteger los derechos de la imputada, se han vulnerado o puesto en riesgo los derechos de 481 mujeres, además del personal femenino a cargo», concluyó el tribunal.
Con información de La Derecha Diario
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