Nicolás Maduro convocó a una consulta para el próximo 15 de diciembre a fin de elegir mediante el voto popular a jueces de paz en los llamados “circuitos comunales” del país, lo que según el mandatario es parte de la “transformación y democratización del sistema de justicia”.
Los candidatos a jueces, como ocurrirá con la reforma judicial puesta en marcha en México, serán designados mayoritariamente por el partido gobernante, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La consulta convocada por el mandatario la noche del jueves en el programa radial Maduro Live se realizará apenas 26 días antes de la juramentación del presidente de Venezuela que resultó electo en los comicios del pasado 29 de julio.
Maduro se declaró ganador y el Poder Judicial y el organismo electoral, que él controla, avaló su triunfo, aunque sin mostrar las actas de las mesas de votación, como indica la ley.
En cambio, el candidato opositor Edmundo González Urrutia mostró copias certificadas y con huella electrónica de todas las actas, las cuales le da el triunfo en esas elecciones con el 67% de los votos, mientras que Maduro el 31%. Los datos fueron avalados por el Centro Carter, único observador internacional en esos comicios.
La consulta popular convocada por Maduro para elegir jueces fue interpretada por la oposición como un intento del mandatario para “desviar la atención” del tema más relevante del país: el conflicto poselectoral.
González Urrutia, quien se exilió en España ante el riego de ser encarcela por el régimen, ha señalado, como ganador de los comicios del 28 de julio, asistirá a su juramentación como nuevo presidente de Venezuela el próximo 10 de enero, mientras que Maduro sostiene que él será quien tome posesión ese día para cumplir un nuevo periodo de gobierno, el tercero en forma consecutiva.
La elección de jueces de paz anunciada por Maduro ser realizará “en por lo menos mil distritos comunales”, según aseguró el mandatario, lo que implicará la elección de unos seis mil juzgadores cuya tarea es resolver conflictos comunitarios.
En Venezuela, el régimen chavista mantiene cooptado al Poder Judicial, en el que todo el poder recae en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un organismo integrado únicamente por militantes o simpatizantes del partido oficial y el cual tiene facultades para cesar a cualquier juez cuyos fallos no gusten al gobierno.
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