El Gobierno español aprobó este martes un anteproyecto de ley orgánica del derecho a rectificación, que sustituye la norma 1984, y que por primera vez incluye a los medios digitales y a los usuarios que sean relevantes en redes sociales, que tengan más de 100.000 seguidores en una de ellas o sumen 200.000 en varias.
El Ejecutivo facilitará que también se pueda ejercer contra ellos el derecho de rectificación si publican informaciones falsas.
El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó que «estas personas tienen una difusión mayor que medios de comunicación tradicionales» y «hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan el debate público con mentiras y con falsedades».
El cambio se enmarca en el conocido como Plan de Regeneración Democrática.
Según Bolaños, el ecosistema informativo no es el mismo que hace 40 años y los sujetos que emiten información no tienen nada que ver con los de antes.
La intención del Ejecutivo es favorecer al máximo que cualquier ciudadano pueda actuar judicialmente contra noticias falsas que le afecten a él o a su entorno y, para ello, se amplía el plazo de siete a 10 días para presentar la solicitud de rectificación y se elimina la obligación de dirigirse al director.
El ministro defendió que «hay medios de comunicación, perdón, pseudo medios que no llegan a pseudo, porque hay dificultades para conocer incluso quién es el director de ese medio de comunicación».
Además, se suprime el requisito de la contestación por escrito de la demanda por lo que «los trámites del juicio verbal continuarán y podrá ser mucho más rápida la sentencia judicial que reconozca el derecho a la rectificación», señaló Bolaños.
Personas, empresas y sectores afectados por noticias falsas o difamación
En los últimos años, la expansión de las redes sociales y medios digitales ha dado lugar a una creciente ola de difamaciones y noticias falsas que han dañado a innumerables personas y sectores.
Desde empresas afectadas por campañas de desprestigio, con pérdidas económicas y reputacionales, hasta figuras públicas acusadas injustamente, las consecuencias han sido devastadoras.
Sectores como la política, el empresariado y las pequeñas industrias también han sufrido la viralización de información no verificada, con efectos que van desde el descrédito público hasta la pérdida de empleos y oportunidades de negocio.
Casos recientes evidencian cómo la difusión masiva de mentiras puede cambiar resultados electorales, dañar marcas comerciales o incluso sembrar división social.
A pesar de estos desafíos, muchas voces indican que cualquier intento de regular este fenómeno debe ser abordado con extrema cautela para evitar violaciones a la libertad de expresión.
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