La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, presentó este miércoles un proyecto de ley que busca legalizar el aborto sin causales hasta la semana 14 de gestación. Esta propuesta, que forma parte de las promesas del presidente Gabriel Boric, ha sido recibida con entusiasmo por las organizaciones feministas, pero también despierta serias preocupaciones entre sectores más conservadores.
La iniciativa, que se debatirá en el Congreso a partir del próximo lunes, establece que el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar de forma ambulatoria hasta las 12 semanas. Para los casos que excedan este límite, se prevé la derivación a la red hospitalaria, aunque estos casos son considerados minoritarios en comparación con las estadísticas internacionales.
En su discurso, Orellana destacó la importancia histórica de esta discusión, recordando que «a 36 años de que se ilegalizara el aborto terapéutico en nuestro país a través de un decreto dictatorial», se abre una nueva etapa legislativa. Esta referencia al régimen de Augusto Pinochet es parte de una narrativa que busca posicionar el debate en un contexto de derechos humanos y equidad de género.
Cabe recordar que Chile despenalizó el aborto en 2017 bajo el gobierno de Michelle Bachelet, permitiendo la interrupción del embarazo en tres situaciones específicas: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, la implementación de esta ley ha sido objeto de críticas, con denuncias sobre obstáculos burocráticos que dificultan su aplicación efectiva.
Este nuevo proyecto de ley ha polarizado aún más a la sociedad chilena. Mientras que algunos celebran lo que consideran un avance hacia la equidad y los derechos reproductivos, otros advierten sobre las implicaciones éticas y morales de permitir el aborto sin causales. La discusión promete ser intensa y reveladora sobre las divisiones ideológicas que aún persisten en el país.
A medida que se acerca la fecha del debate en el Congreso, será crucial observar cómo se desarrollan las conversaciones y qué posturas adoptarán los distintos actores políticos y sociales en torno a este tema tan sensible. La decisión que tome el legislativo podría marcar un hito en la historia reciente de Chile y redefinir el panorama de los derechos reproductivos en el país.
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