La Policía Nacional española, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, en una operación conjunta desarrollada en varias provincias de España, han liberado a 162 mujeres, de origen sudamericano, víctimas de una organización dedicada a la explotación sexual.
Por ello han sido detenidas 37 personas, de las cuales 22 fueron arrestadas en la provincia de Valencia, tres en Alicante y cuatro en Castellón, Málaga y Murcia respectivamente, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.
Dichos registros, efectuados por las autoridades, incluyeron los domicilios de los 11 responsables de la organización, así como los locales donde se explotaba sexualmente a las víctimas, donde se incautaron 141 mil euros y tres vehículos. Asimismo, procedieron al bloqueo de bienes y cuentas bancarias de los presuntos implicados.
La organización se dedicaba a captar mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad, sin permiso de residencia ni de trabajo, a quienes se obligaba a ejercer la prostitución en distintos puntos del territorio nacional.
A raíz de la declaración de tres víctimas, que denunciaron haber sido explotadas sexualmente por varias personas y en varias provincias españolas, los agentes detectaron el entramado criminal que operaba principalmente en la Comunidad Valenciana, pero que se estaba expandiendo a otras provincias como Málaga, Barcelona y Tarragona.
Para desarrollar su actividad, la organización adquiría o alquilaba inmuebles de uso residencial o comercial por vías legales, con el fin de aparentar legitimidad.
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Estos locales eran camuflados como centros de masajes, muchos de los cuales permanecían cerrados al público, con mala ventilación y que presentaban condiciones insalubres.
Disponibles permanentemente
Las víctimas solo podían salir del inmueble durante dos horas al día, siempre en horario de mañana, y debían permanecer disponibles de forma permanente. Dormían hacinadas en literas o incluso en las mismas camas donde atendían a los clientes.
Los principales investigados controlaban en tiempo real tanto los locales como a las víctimas, mediante un sistema de videovigilancia instalado en el interior de todos los inmuebles destinados a la prostitución.
La mitad del dinero obtenido en cada servicio era para la organización, mientras que la otra mitad se destinaba a las mujeres. Sin embargo, estas podían ser sancionadas por sus captores por diversos motivos.
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