
Nicolás Maduro anunció oficialmente que su régimen avanza en la venta de la empresa venezolana Monómeros al Estado colombiano, tras haber recuperado el control de la misma con la llegada al poder de Gustavo Petro.
Durante una entrevista en Telesur, Maduro aseguró que ya se firmó un documento inicial que establece la hoja de ruta para la transacción, en la cual participa activamente su régimen. Indicó que Jorge Márquez, actual ministro de Energía Eléctrica, estuvo presente en la firma del acuerdo, la cual coincidió con la VII Reunión Ministerial de Energía de la CELAC.
“Estamos acordando los términos y vendiendo la empresa Monómeros al Estado colombiano”, afirmó Maduro, quien calificó la operación como un “logro” conjunto con el presidente Petro.
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Monómeros, filial de la estatal venezolana Pequiven y ubicada en Barranquilla, es estratégica para el sector agrícola colombiano por su rol clave en la producción y distribución de fertilizantes. La compañía estuvo bajo disputa durante los años de ruptura diplomática entre Caracas y Bogotá, especialmente bajo el mandato del expresidente colombiano Iván Duque.
Maduro no perdió oportunidad para culpar a la oposición venezolana y a gobiernos anteriores de Colombia por la pérdida de control de la empresa: señaló a Leopoldo López, Henry Ramos Allup y a las “mafias colombianas”, acusándolos de “saquear” Monómeros durante el interinato opositor.
“Fue saqueada completamente. La recuperamos en tiempo récord gracias al compromiso con el presidente Petro”, aseguró Maduro. También dijo que la recuperación de Monómeros ha impactado positivamente en la producción campesina venezolana.
Un día antes, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, confirmó que se firmó un acuerdo de confidencialidad con Venezuela, con el fin de intercambiar información financiera y operativa de la empresa para facilitar el proceso de compraventa.
Aunque Maduro presenta la operación como un triunfo diplomático, críticos sostienen que se trata de una entrega definitiva de un activo venezolano a cambio de respaldo político, sin transparencia ni consulta ciudadana.
La venta también podría consolidar los lazos entre ambos gobiernos de izquierda, pero a costa de una empresa que fue símbolo de soberanía industrial venezolana.
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