Las fuerzas de seguridad de Haití han intensificado el uso de drones kamikaze como parte de una nueva estrategia para combatir a las pandillas armadas que controlan vastas áreas de Puerto Príncipe, una iniciativa que, a pesar de causar cientos de bajas entre los delincuentes, ha sido calificada de insuficiente e imprecisa por diversas organizaciones de derechos humanos.
Desde marzo de este año, un grupo de trabajo especial, creado por el Consejo Presidencial de Transición y el Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé, ha estado llevando a cabo operaciones a gran escala utilizando esta tecnología. Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), en los últimos cinco meses, al menos 300 pandilleros han muerto y más de 400 han resultado heridos por ataques de drones. Un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) corrobora que el 36% de las bajas en operaciones de seguridad entre abril y junio fueron causadas por estos dispositivos.
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A pesar de los resultados iniciales, la estrategia está recibiendo críticas por su aparente falta de precisión. Activistas como Marie Rosy Auguste Ducéna, de la RNDDH, cuestionan que los líderes de las pandillas, como Jimmy Chérizier, alias «Barbecue», continúen evadiendo los ataques, mientras que las bajas se concentran en miembros de menor rango. La RNDDH y la BINUH han manifestado su preocupación por los daños colaterales, que incluyen la muerte de civiles y, más recientemente, de agentes de policía. Un incidente el 19 de agosto, en el que dos agentes murieron por la explosión de un dron, ha generado una investigación interna y dudas dentro del Sindicato de la Policía Nacional sobre la versión oficial.
Las organizaciones también critican la falta de transparencia del gobierno sobre la existencia, el mandato y la composición del grupo de trabajo encargado de estas operaciones, así como la ausencia de un marco legal claro para el uso de estos dispositivos. A pesar de que la intensificación de las operaciones ha impedido la expansión territorial de las pandillas, no ha logrado evitar que continúen sus abusos en los barrios que ya controlan, según la BINUH.
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