En los días posteriores al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, un debate público de alta intensidad ha puesto otra vez en el centro a la escritora J.K. Rowling, cuya intervención en redes ha reavivado la discusión sobre límites de la libertad de expresión y el riesgo de que la censura derive en violencia política.
Rowling —una voz conocida por sus choques con sectores del activismo cultural y por su defensa pública de ciertas tesis sobre libertad de expresión— publicó un hilo que rápidamente se volvió viral. En ese texto la autora advierte que cuando la libertad de expresión se aplica solo a “los tuyos”, cuando las convicciones son inmunes a la evidencia, y cuando se pide al Estado castigar opiniones contrarias, se abre la puerta al autoritarismo. Para subrayar el peligro extremo que implica esa deriva, Rowling evocó escritos históricos que ejemplifican cómo la intolerancia puede alimentar regímenes violentos. Esos comentarios encendieron los ánimos tanto entre quienes aplauden su advertencia como entre quienes consideran que su comparación fue desafortunada.
Fragmentos del hilo que han circulado ampliamente en redes dicen:
“Si crees que la libertad de expresión es para ti, pero no para tus oponentes políticos, eres antiliberal.
Si ninguna evidencia en contra puede cambiar tus creencias, eres fundamentalista.
Si crees que el Estado debería castigar a quienes tienen opiniones contrarias, eres totalitario.
Si crees que los oponentes políticos deberían ser castigados con violencia o la muerte, eres terrorista.”
Esa síntesis —firme y explícita— fue leída por muchos sectores conservadores como una advertencia pertinente en un momento en que la polarización política se traduce, según reportes, en episodios de violencia y en campañas de señalamiento público que han costado empleos y reputaciones a individuos que expresaron opiniones cuestionadas tras el asesinato de Kirk.
Críticos y defensores reaccionan por motivos distintos. Para los adversarios de Rowling, la referencia a fuentes históricas tan cargadas como las del nazismo equivale a una trivialización —o, peor, a una mala analogía— que no contribuye al debate; para muchos en el espectro conservador y para defensores clásicos de la libertad de expresión, la intervención de la autora es una llamada de atención necesaria: subraya que la censura cultural y las dinámicas de cancelación pueden escalar hasta justificar, directa o indirectamente, la violencia política.
En el plano político y social, la consecuencia inmediata ha sido un nuevo choque de prioridades: ¿cómo proteger a la sociedad del discurso que incita a la violencia sin convertir la respuesta pública en una avalancha punitiva que silencia el disentimiento legítimo? Voces en medios y en la política han pedido calma y mecanismos judiciales claros; otras han asumido posturas más punitivas en nombre del duelo y la seguridad. Los hechos recientes muestran que la discusión no es solo teórica: hubo sanciones laborales y campañas de señalamiento en redes que ilustran los peligros de respuestas colectivas desmedidas.
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