
Italia ha dado un paso firme en defensa de la infancia. El Parlamento aprobó el pasado 11 de noviembre una ley que impide el acceso de activistas LGTBI y organizaciones externas a los centros educativos, con el objetivo de proteger a los menores del adoctrinamiento ideológico en las aulas.
La nueva normativa garantiza el derecho de los padres a decidir la formación moral y afectiva de sus hijos, estableciendo límites claros en torno a los contenidos y actores que intervienen en la educación pública.
A partir de ahora, la llamada “educación sexual y emocional” solo podrá impartirse en el nivel de secundaria y con el consentimiento informado de los padres. En el caso de infantil y primaria, la prohibición será total: ninguna asociación externa podrá ingresar a las aulas con materiales o mensajes ajenos al currículo oficial.
La iniciativa fue impulsada por el partido Lega, aliado del Gobierno de Giorgia Meloni y del partido español VOX dentro de la alianza Patriotas por Europa. El texto aprobado refuerza el principio de que los padres tienen derecho a educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias, sin imposiciones ideológicas por parte del Estado o de grupos de presión.
El portavoz de Lega en la Comisión de Cultura, Rossano Sasso, defendió que la ley no elimina la educación sexual, sino que la protege de la manipulación ideológica.“Es justo que se hable a los adolescentes de enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, pero sin convertir las aulas en espacios de adoctrinamiento”, señaló.
Sasso añadió que el objetivo es impedir “las distorsiones ideológicas queridas por la izquierda”, y subrayó que figuras sin formación pedagógica, como “activistas trans, drag queens o actores pornográficos”, no deben tener acceso a las aulas para hablar de género fluido o maternidad subrogada.
Por su parte, el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, anunció que el Gobierno trabaja en un nuevo modelo de “educación para la afectividad responsable”, basado en la prevención, el respeto y la madurez emocional, sin componentes de activismo político.
La reforma italiana se enmarca en una tendencia europea orientada a proteger a los menores frente a la propaganda sexual y de género. Países como Bulgaria, Hungría y Eslovaquia ya han adoptado legislaciones similares que reconocen el sexo biológico y limitan la exposición de contenidos LGTBI a los menores en escuelas y medios de comunicación.
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