Un inmigrante turco condenado por violación recibirá una indemnización después de convencer a un tribunal británico de que la tobillera electrónica que debía llevar para su control migratorio le ocasionó un “sufrimiento físico y psicológico”. Así lo determinó el juez del Tribunal Superior, Justice Lavender, quien consideró que el dispositivo le generaba molestias constantes y afectaba su estabilidad emocional. Ahora, los abogados del caso deberán establecer el monto de la compensación.
La resolución llega en medio de un fuerte debate público, especialmente porque pocos días después del fallo Mustafa Taskiran, de 48 años, admitió haber acosado y amenazado con un cuchillo a una mujer. Su historial delictivo es extenso: desde que obtuvo residencia indefinida en el Reino Unido en 1994, acumuló 54 delitos en una década y aun así evitó la deportación en 2009.
En 2014, Taskiran fue condenado a casi siete años de prisión por violación. Tras cumplir su condena, quedó en libertad en 2018 debido a que Turquía revocó su ciudadanía, lo que imposibilitó su expulsión del país. Desde entonces, ha permanecido bajo medidas de vigilancia migratoria, entre ellas la tobillera ahora cuestionada.
La decisión ha provocado indignación. El secretario de Justicia en la sombra, Robert Jenrick, criticó duramente el fallo y afirmó que la opinión pública “no siente ninguna simpatía” por la supuesta depresión del agresor. Jenrick denunció que el sistema permite que delincuentes extranjeros bloqueen su deportación utilizando argumentos de derechos humanos.
El Ministerio del Interior reiteró su intención de expulsar a extranjeros que cometan delitos graves, pero reconoció fallos estructurales. La actual ministra del departamento, Shabana Mahmood, admitió que la institución “no está preparada para su función”, en referencia al caos organizativo revelado por una reciente revisión interna.
Mahmood presentará este lunes un paquete de reformas para cerrar lagunas legales que permiten a ciertos inmigrantes frenar indefinidamente sus deportaciones mediante apelaciones prolongadas. El primer ministro, Sir Keir Starmer, adelantó que los cambios buscarán impedir “recursos interminables” y agilizar la salida de quienes no tienen derecho a permanecer en el Reino Unido. El Gobierno presentará los detalles en el Parlamento para iniciar cuanto antes la reestructuración del sistema migratorio.
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