La reciente operación “Mare Nostrum I”, ejecutada por la Armada Argentina, volvió a poner en evidencia la sistemática depredación de los recursos marítimos nacionales por parte de la flota pesquera china, cuyo avance sobre el Atlántico Sur se ha convertido en uno de los principales desafíos de soberanía que enfrenta el país.
Según datos oficiales, China mantiene la flota pesquera más grande del planeta, con más de 17.000 embarcaciones registradas, muchas de ellas operando al límite de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de distintos países, incluyendo Argentina. Esa flota, descrita en múltiples informes internacionales como una de las más agresivas y opacas del mundo, ha sido reiteradamente asociada a prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Durante el despliegue de vigilancia, aeronaves P-3 Orion y C-12 Huron, apoyadas por las corbetas ARA Robinson y ARA Espora, detectaron un cordón de 380 buques pesqueros operando en las inmediaciones de la milla 200, a lo largo de un frente marítimo de 90 millas náuticas.
La escena, tristemente habitual en esta época del año, volvió a demostrar cómo la ausencia de control efectivo en aguas internacionales es aprovechada por la flota asiática para avanzar sobre las especies migratorias del Atlántico Sur, particularmente el calamar argentino, uno de los recursos más codiciados de la región.
La flota china—cuya conducta ha sido denunciada por gobiernos y organismos internacionales—es conocida por el apagado deliberado del sistema AIS, el uso de redes de arrastre prohibidas y la explotación intensiva de especies al borde del colapso.
De acuerdo con el South Atlantic Fisheries Organization (SAFO), la presencia de estos buques en el Atlántico Sur representa una extracción anual de miles de toneladas de calamar, alterando gravemente la biodiversidad regional e impactando de forma directa en la pesca local.
Las pérdidas económicas para la Argentina superan los 1.000 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Subsecretaría de Pesca. Recursos que deberían fortalecer a la industria nacional terminan en manos de una flota extranjera que opera con impunidad internacional.
Un punto crítico es la operación de estos buques justo en el límite de la ZEE argentina, en la famosa “Milla 201”. Allí, fuera de la jurisdicción nacional, la flota actúa sin restricciones legales mientras captura especies migratorias antes de que ingresen nuevamente a aguas argentinas.
Este vacío jurídico es aprovechado al máximo por China, cuya estrategia de expansión sobre las rutas pesqueras globales ha sido señalada como una forma de “diplomacia de extracción”: obtener recursos estratégicos mediante flotas industriales subsidiadas y protegidas por su propio Estado.
El operativo Mare Nostrum I no solo expuso una práctica reiterada: evidenció la necesidad urgente de fortalecer la presencia del Estado en el Atlántico Sur, modernizar los medios de control marítimo y coordinar esfuerzos internacionales para frenar lo que, a todas luces, constituye un avance depredador sobre los recursos argentinos.
Mientras la flota china continúa operando con impunidad en la frontera marítima del país, la discusión ya no es solo ambiental o económica: es un asunto de soberanía.
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