El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha una de las mayores ofensivas judiciales de su historia contra el Tren de Aragua (TdA), una organización criminal transnacional que las autoridades estadounidenses ya equiparan con un cartel híbrido de terrorismo, narcotráfico y crimen financiero.
El Departamento de Justicia desclasificó múltiples acusaciones federales contra más de 70 individuos, incluidos líderes y miembros clave del grupo, mientras que desde el 20 de enero de 2025 más de 260 integrantes han sido formalmente imputados en cortes federales de todo el país. Las causas incluyen delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo armado, lavado de dinero, tráfico de drogas y cibercrimen de alto impacto.
Las autoridades describen esta estrategia como un proceso de “decapitación” del liderazgo del Tren de Aragua, orientado a desmantelar sus redes financieras, operativas y violentas dentro del territorio estadounidense.
La fiscal general, Pamela Bondi, afirmó que la erradicación de cárteles y organizaciones criminales transnacionales se ha convertido en una prioridad central de la política de seguridad nacional. Según subrayó, no existirá refugio seguro en Estados Unidos para quienes crucen fronteras con el objetivo de cometer crímenes violentos.
Expansión criminal y control territorial
Los expedientes judiciales revelan que el Tren de Aragua logró establecerse en diversas comunidades estadounidenses replicando modelos de control territorial, violencia selectiva y economías criminales diversificadas. Sus operaciones abarcan desde el tráfico de cocaína hasta ataques cibernéticos sofisticados contra el sistema financiero.
Procesos en múltiples distritos federales
Las acusaciones se extienden a al menos cinco distritos federales estratégicos. En Colorado, dos presuntos líderes enfrentan cargos por conspiración RICO, vinculados a secuestros, robos armados y lavado de dinero, incluidos asaltos a joyerías en el área de Denver.
En Nebraska, 54 personas fueron acusadas por una conspiración de “jackpotting”, mediante el uso de malware para vaciar cajeros automáticos y sustraer millones de dólares. Algunos imputados enfrentan cargos por brindar apoyo material a una organización terrorista, un umbral legal que coloca al Tren de Aragua en una categoría similar a redes yihadistas y carteles designados.
En Nuevo México, once miembros y líderes del grupo fueron acusados de secuestrar, torturar y asesinar a una víctima cuyo cuerpo fue enterrado en el desierto. Parte de esta célula también participó en un enfrentamiento armado entre facciones rivales que dejó víctimas fatales en Colorado.
El liderazgo global del grupo
Uno de los casos más relevantes fue presentado en el Distrito Sur de Nueva York, donde se formalizó la acusación contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como el máximo líder del Tren de Aragua durante más de una década.
Según los documentos judiciales, Guerrero Flores dirigió la expansión del grupo en América y Europa, ordenando asesinatos, secuestros y extorsiones, además de facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Actualmente permanece prófugo, y el Departamento de Estado ofrece hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
En Texas, cuatro ciudadanos venezolanos, identificados como parte del círculo de alto mando del TdA, enfrentan cargos por apoyo material al terrorismo y tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. Las investigaciones detallan una estructura que combina narcotráfico, contrabando de oro, extorsión y asesinatos, con una lógica de operación cuasi-militar.
Alianzas criminales y amenaza regional
La Administración para el Control de Drogas (DEA) advirtió que el Tren de Aragua mantiene alianzas con organizaciones como las FARC, el ELN y el Cartel de los Soles, integrándose a un ecosistema criminal donde confluyen insurgencia, narcotráfico y corrupción estatal.
Las autoridades señalan que la expansión del grupo, surgido originalmente en el sistema penitenciario venezolano, evidencia el colapso de estructuras judiciales y de seguridad en la región, que han permitido la exportación de violencia hacia otros países.
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