Un video ampliamente difundido en redes sociales muestra a la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), apoyada por unidades del Departamento de Defensa, interceptando y reteniendo un petrolero que había atracado recientemente en puertos de Venezuela.
Las imágenes, difundidas este sábado, han generado reacciones encontradas en la comunidad internacional y en sectores de la opinión pública dentro y fuera de EE. UU., en medio de un escenario de creciente tensión geopolítica en el Caribe.
De acuerdo con información divulgada en plataformas oficiales, esta mañana la USCG, en coordinación con el Departamento de Defensa, ejecutó una operación relámpago para incautar el buque cisterna Centuries, el cual es sospechoso de transportar crudo sujeto a sanciones estadounidenses. La embarcación fue interceptada en aguas internacionales poco después de haber operado en territorio venezolano.
Según fuentes oficiales, la operación fue ejecutada bajo órdenes directas del presidente Donald Trump, quien ha reiterado su determinación de bloquear el comercio de petróleo venezolano que viola las sanciones impuestas por Washington. La acción habría culminado con el arresto de la tripulación y la custodia del buque en alta mar, bajo jurisdicción estadounidense.
Para analistas de defensa y seguridad nacional, la iniciativa apunta a cortar una fuente clave de financiación del régimen de Caracas, que durante años ha burlado las sanciones mediante redes de intermediarios, empresas fantasma y rutas marítimas encubiertas. Sectores conservadores consideran que la medida representa un golpe directo a esquemas de corrupción transnacional y una acción necesaria para proteger la seguridad energética y estratégica de la región.
No obstante, el operativo ha encendido las alarmas diplomáticas y militares. Recordemos que un bloqueo constituye un acto de guerra, ya que implica el uso o la amenaza de la fuerza militar para impedir la navegación y el comercio de otro Estado, una práctica que el derecho internacional solo admite en el marco de un conflicto armado declarado o con autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. Este punto ha sido subrayado por expertos en derecho internacional que observan con preocupación la escalada en el Caribe.
Organismos internacionales y gobiernos aliados han solicitado mayor claridad sobre el estatus legal de la operación y los criterios utilizados para la incautación del buque. El régimen liderado por Maduro, por su parte, ha calificado la acción como una “agresión directa y una violación flagrante de su soberanía”, al tiempo que ha pedido respaldo diplomático a países aliados.
En Estados Unidos, voces del establishment político y congresistas alineados con la política de sanciones han respaldado la operación, argumentando que las medidas económicas carecen de efectividad si no se acompañan de acciones concretas para impedir su evasión, y que la seguridad marítima en el Caribe constituye un interés estratégico nacional que no puede ser comprometido.
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