El Consejo Federal de Suiza anunció este lunes la congelación inmediata de todos los activos que Nicolás Maduro y personas vinculadas a su entorno posean en territorio suizo, como una medida preventiva destinada a evitar la fuga de fondos tras la reciente captura del exdictador venezolano.
Según informó el Gobierno suizo, la decisión fue adoptada en el marco de la inestabilidad política generada luego de la detención de Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Estados Unidos. La nueva disposición no se aplica a los miembros del actual gobierno venezolano, quienes quedan expresamente excluidos del alcance de esta regulación.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se sustenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). Las autoridades explicaron que se trata de una acción cautelar cuyo objetivo principal es bloquear cualquier intento de transferencia de fondos fuera de Suiza, especialmente en un escenario de posible cambio de poder en Venezuela.
El Consejo Federal subrayó que, si futuras investigaciones confirman que los activos fueron obtenidos de manera ilícita, Suiza buscará que dichos fondos sean restituidos y utilizados en beneficio del pueblo venezolano.
Esta decisión se suma a las sanciones vigentes contra Venezuela desde 2018, establecidas bajo la Ley de Embargo, que ya contemplaban la congelación de activos de determinadas personas y entidades. No obstante, el Gobierno suizo aclaró que las nuevas medidas bajo la FIAA amplían el alcance de las restricciones, al incluir a individuos que no figuraban previamente en las listas de sanciones.
En el comunicado, las autoridades suizas precisaron que la caída del poder de Maduro no es un requisito determinante para la aplicación de la FIAA, ni tampoco las circunstancias legales internacionales en las que se haya producido su detención. El elemento clave es el cambio de poder, que habilita a Venezuela a iniciar eventuales acciones legales sobre activos presuntamente adquiridos de forma irregular durante su mandato.
La congelación de los activos tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de revisión según evolucione la situación política y judicial. Además, la medida facilitaría procesos de cooperación judicial internacional entre Suiza y las autoridades venezolanas, en caso de que se presenten pruebas de enriquecimiento ilícito.
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