Irán atraviesa una de las crisis internas más graves de los últimos años. Tras dos semanas consecutivas de protestas contra el régimen, hospitales y morgues del país se encuentran saturados de heridos y fallecidos, en un contexto marcado por la represión estatal, el apagón total de las comunicaciones y una creciente tensión internacional.
Según el observatorio de derechos humanos Hrana, al menos 538 personas han muerto —entre ellas 38 miembros de las fuerzas de seguridad— y más de 10.000 han sido detenidas desde el inicio de las manifestaciones.
El país permanece aislado del exterior tras cuatro días consecutivos de bloqueo a internet y a las telecomunicaciones, una medida que impide la comunicación entre ciudadanos y paraliza sectores clave como la banca, los aeropuertos y miles de comercios. Pese al cerrojo informativo, organizaciones de derechos humanos han logrado documentar el desbordamiento de centros médicos por víctimas de la represión.
La BBC Persa verificó que al menos 70 cadáveres fueron trasladados al Hospital Poursina, en la ciudad de Rasht, al noroeste de Teherán, durante la noche del viernes. Personal sanitario confirmó que la morgue se encontraba colapsada y que fuerzas de seguridad retiraron varios cuerpos sin explicaciones. Según denunciaron trabajadores del hospital, las autoridades habrían exigido sumas elevadas de dinero a las familias para permitirles recuperar los cuerpos de sus allegados.
Un médico de un hospital en Teherán relató que muchos manifestantes murieron apenas ingresaron a urgencias, víctimas de disparos directos a la cabeza o al corazón. “Muchos ni siquiera llegaron al hospital”, aseguró. Otros sanitarios señalaron que la mayoría de los heridos presentan impactos de bala a corta distancia.
Mientras tanto, organizaciones culturales y de derechos humanos intentan identificar a desaparecidos, sin saber si fueron detenidos o asesinados durante los operativos policiales. En el extranjero, numerosos iraníes se enteran de la muerte de familiares y amigos a través de redes sociales. El colectivo de cineastas Hamood confirmó la muerte de uno de sus miembros, Javad Ganji, durante las protestas.
A diferencia de las movilizaciones de 2022, iniciadas bajo el lema “Mujer, vida y libertad”, las actuales protestas estallaron por la inflación descontrolada, los cortes de electricidad y agua y el deterioro económico. Sin un liderazgo claro, las manifestaciones se expandieron rápidamente por todo el país y evolucionaron hacia consignas que exigen el fin de la República Islámica, e incluso reclaman el retorno de la monarquía derrocada en 1979.
Escalada represiva y amenazas internacionales
El apagón de internet coincidió con una intensificación de la represión, en la que participaron la policía, el Ejército y la Guardia Revolucionaria. El régimen advirtió que la defensa de la República Islámica es una “línea roja”, mientras la Fiscalía alertó que participar en los “disturbios” podría acarrear cargos de “enemigo de Dios”, delito castigado con la pena de muerte.
El jefe de la policía iraní, Ahmad Reza Radan, celebró el aumento de detenciones de los llamados “alborotadores” y reconoció muertes por disparos, aunque culpó a “grupos terroristas” y negó la responsabilidad directa de las fuerzas de seguridad. En paralelo, el presidente Masoud Pezeshkian abandonó su discurso conciliador inicial y acusó a Estados Unidos e Israel de promover el caos en el país.
La tensión se trasladó al plano internacional. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que Irán se encuentra en guerra contra EEUU e Israel en “cuatro frentes” y amenazó con ataques preventivos si el régimen se siente amenazado. “Las bases militares y navales estadounidenses serán objetivos legítimos”, aseguró, incluyendo a Israel entre los posibles blancos.
Las declaraciones se produjeron horas después de que medios estadounidenses revelaran que el presidente Donald Trump solicitó información sobre opciones de ataque militar contra Irán, en lo que fue descrito como conversaciones preliminares.
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