Según un informe exclusivo del diario ABC de España, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado una decisión geopolítica de gran calado que redefine el futuro inmediato de Venezuela al otorgar a Marco Rubio, su Secretario de Estado, la autoridad última sobre cada dólar destinado a la reconstrucción del país sudamericano.
Ante el temor real que el aparato corrupto del chavismo —representado ahora por la líder interina Delcy Rodríguez— pueda reciclarse o sobrevivir bajo una fachada de “transición”, la Casa Blanca ha perfilado un decreto ejecutivo firmado discretamente y sin anuncio público, que blinda los fondos provenientes de los recursos venezolanos bajo custodia estadounidense. En la práctica, esto significa que cada gasto, cada inversión y cada decisión financiera vinculada a Venezuela será supervisado y aprobado por Marco Rubio.
La medida busca un objetivo claro, evitar que el dinero de la reconstrucción termine en manos de los mismos que durante décadas sumieron al país petrolero en la miseria, el colapso institucional y la corrupción sistémica. Trump y su equipo, ha señalado ABC, consideran que Robustecer el papel de Rubio no es una opción, sino una necesidad estratégica para asegurar que los recursos beneficiarán a la población venezolana —y no a las redes clientelares chavistas o a sus aliados internacionales.
La decisión se produce en un momento crucial, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, la figura de Delcy Rodríguez quedó oficialmente como presidenta interina del país, pero sin control efectivo de los flujos de dinero ni de las inversiones más críticas para la recuperación económica. Rubio, conocido por su firme postura contra el régimen chavista, pasa así de ser una voz crítica a convertirse en garante absoluto de los fondos que permitirán la reconstrucción del país.
En círculos oficiales de Washington se interpreta que esta jugada no solo protege los intereses de Estados Unidos, sino que también busca impedir que los recursos petroleros y financieros sirvan para rehabilitar a un régimen que ha demostrado repetidamente su incapacidad para garantizar libertades básicas y prosperidad económica.
El decreto —según el informe— declara una emergencia nacional y especifica que los ingresos derivados de la venta de petróleo u otros recursos solo podrán utilizarse bajo instrucciones precisas del Secretario de Estado, con Rubio obligado a rendir cuentas ante el Capitolio.
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